Corrupción presidencial en América Latina

Jaime López
jalopez@probidad.org
Director de PROBIDAD
http://www.probidad.org

Introducción

"La diferencia entre América Latina, frente a Europa y Estados Unidos, es que allá la corrupción es investigada, se descubre, se denuncia y los responsables pueden ser llevados a juicio y, eventualmente, a la cárcel" [1]. Estas palabras del escritor mexicano Carlos Fuentes enuncian uno de los principios básicos sobre el por qué la corrupción en América Latina es tan extensa y persistente.

Una de las explicaciones de ese fenómeno es el involucramiento, ya sea como actores directos o como responsables de encubrimiento, que han tenido y siguen teniendo la mayoría de mandatarios de la región. En América Latina la corrupción es estimulada, practicada y protegida desde los centros mismos del poder, generando un efecto de contaminación descendiente que termina impregnando no solo a los entes fiscalizadores y sistemas judiciales, sino también a la población que los tolera.

Una y otra vez se repite la historia de los redentores políticos que criticando la corrupción de sus antecesores llegan al poder, ahora por medios matizados de democracia, y no pasa mucho tiempo en que ellos terminan siendo iguales o peores. La paradoja es que mientras el 83% de la población desconfía de los partidos políticos, según el último estudio del Consorcio Iberoamericano de Investigación de Mercados y Asesoramiento (CIMA) [2], candidatos como Menem y Duarte Frutos se agenciaron el triunfo en las elecciones que se realizaron el 27 de abril en Argentina y Paraguay.

Es un círculo vicioso sumamente complejo. Comprenderlo y romperlo es un paso imprescindible para que la corrupción sea frenada y principalmente, para que la democracia cobre sentido. Sin alcanzar a incluir un número más representativo de ejemplos, a continuación se presentan los casos de 12 países, donde la corrupción presidencial ha alcanzado enormes dimensiones y sus sociedades parecen seguir condenadas a soportarla.

Al final de la presentación de los casos, y en base a ellos, se hace una aproximación básica sobre cuáles son los factores más determinantes que reproducen ese esquema. El propósito es identificar los puntos neurálgicos de las redes de corrupción en América Latina, y plantear entonces la interrogante si aquellos que decimos trabajar en favor de la prevención y el combate del flagelo - donde se incluyen a los gobiernos, los medios de comunicación, los grupos cívicos, los gremios empresariales y los organismos internacionales, entre otros - estamos listos y si tenemos voluntad real de enfrentarlo.

El regreso de Menem

Para muchos resultó sorprendente la postulación de Carlos Menem como candidato presidencial, y aún más los resultados que obtuvo en las elecciones del 27 de abril del 2003, con el 24% de los votos emitidos, que lo habilitaron para competir en una segunda vuelta definitiva contra su correligionario del Partido Justicialista Néstor Kirchner, quien obtuvo el 21% de los votos válidos [3]. Menem fue gobernador de la provincia de La Rioja en tres ocasiones, durante los períodos 1973-1976, 1983-1987 y 1987-1989, y dos veces presidente de la República en 1989-1995 y 1995-1999 [4].

En junio de 2001 Menem fue detenido por la causa que llevó el fiscal Carlos Stornelli sobre la venta de 6 mil 500 toneladas de armas y municiones a Croacia entre 1991 y 1995, a pesar de un embargo ordenado por la ONU, y de 5 mil fusiles FAL y 75 toneladas de municiones a Ecuador en 1995, durante el conflicto armado que este país sostuvo con Perú, aún cuando Argentina era garante de un tratado de paz entre ambos países [5]. Menem fue inicialmente acusado de incumplimiento de deberes, pero poco después se le atribuyeron los delitos de asociación ilícita y falsedad ideológica, bajo la tesis fiscal de que había un plan sistemático apoyado por el mismo presidente para facilitar el tráfico de armas. Siete meses después recobró su libertad gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia, de la cual se presume que la mayoría de sus nueve magistrados respondían políticamente a Menem [6].

Otro caso relevante sobre Menem fue el descubrimiento y congelamiento de cuentas bancarias en Suiza por 10 millones de dólares, a nombre de su ex-esposa Zulema Yoma y de su hija, y otras de empresas de personas muy cercanas al ex-mandatario, como el caso de Argmine Investmen, perteneciente presuntamente al ex-secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, con depósitos sospechosos en las Islas Caimán y en el Swiss Bank por más de 20 millones de dólares [7]. En mayo del 2000 un testigo declaró que el gobierno de Irán depositó 10 millones de dólares en Suiza para que el gobierno argentino obstruyera las investigaciones que vinculaban a Teherán en los atentados contra la embajada de Israel (1992) y contra el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (1994) [8].

Mientras tanto, el juez federal Norberto Oyarbide mantiene una causa abierta contra Menem, a iniciativa de la Oficina Anticorrupción, por presunta "omisión maliciosa" en sus declaraciones juradas de bienes. Se trata específicamente de la ausencia de reportes sobre una cuenta con 600 mil dólares que el mismo Menem confesó tener en Suiza y de una pensión que habría recibido por su primer período como gobernador de La Rioja [9].

MOP, el nuevo prefijo chileno

Desde octubre pasado el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, quien gobierna Chile desde marzo del 2000, ha sido sacudido por una serie de escándalos de corrupción. El más reciente es el caso "MOP/CIADE". A principios de mayo del 2003 el juez del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago, Alejandro Rivera, abrió el procesamiento contra 28 funcionarios y ex funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y del Centro de Investigación para el Desarrollo de la Empresa (CIADE), una dependencia de la Universidad de Chile, por el pago irregular de sobresueldos, que en total suman unos 385 mil dólares. Ese dinero fue extraído por medio de la contratación de la firma Diagnos, dedicada a estudios de opinión pública y que es propiedad de Francisco Donoso, ex asesor del ahora depuesto ministro de Obras Públicas, Carlos Cruz [10].

Los nuevos procesados se suman a otros 29 encausados por el caso MOP/GATE. En éste el ministro y otros funcionarios del MOP suscribieron contratos irregulares con la compañía de consultoría Gestión Ambiental y Territorial (GATE). Más de la mitad de los dineros recibidos por GATE con cargo a dichos contratos entre 1999 y 2001, cuyo monto asciende a cerca de 2.5 millones de dólares, fueron destinados al pago de sobresueldos para funcionarios del MOP [11].

La Tercera reportó que a mediados de abril del 2003 el ministro del Interior, José Miguel Insulza, se habría reunido con los jueces Haroldo Brito, Hugo Dolmestch y Juan Araya, de la Corte de Apelaciones, para encontrar una manera de detener los procesamientos judiciales por el pago irregular de sobresueldos. Una de las fórmulas planteadas sería la emisión de una ley que reconozca que el pago de sobresueldos es un mecanismo practicado desde los años 30, con el propósito que se otorgué una amnistía a los actuales y futuros implicados [12].

En octubre del 2002, el empresario Carlos Filippi confesó haber pagado sobornos a autoridades gubernamentales para hacerse con la adjudicación de una planta de revisión técnica en la localidad de Rancagua. Entre los sobornados se encontraría el ex subsecretario de Transportes Patricio Tombolini, con 22 mil dólares, y los parlamentarios Jaime Jiménez y Cristián Pareto, con 29 mil dólares. Entre otros parlamentarios, funcionarios del ejecutivo y dirigentes políticos implicados en el caso se encuentra el diputado Víctor Manuel Rebolledo, quien habría solicitado cobrar el soborno a Filippi y que el dinero fuera destinado a gastos de campaña, y Eric Leyton, encargado de recaudación del Partido Por la Democracia (PPD), quien cambió en un banco el vale-vista de 22 mil dólares pagados por Filippi [13].

Otro investigación ha establecido que Pamela Andrada, secretaria del presidente del Banco Central, filtraba información privilegiada a la entidad financiera Inverlink. Esta firma también resultó implicada en el robo de bonos a la Corporación de Fomento a la Producción (CORFI), los que luego negocio en la bolsa de valores. La Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) estableció en marzo del 2003 que unos 126 millones de dólares habrían sido desviados al exterior por esa entidad financiera, bajo la responsabilidad de su presidente,Eduardo Monasterio [14]. Al descubrirse el robo en la CORFO, su vicepresidente, Gonzalo Rivas, renunció. Éste es yerno del presidente de la República. [15] Igual decisión tomó el presidente del Banco Central, Carlos Massad. [16]

Una encuesta del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, publicada en enero del 2003, señaló que que el 81% de los chilenos considera que la corrupción es un problema real y el 88% estima que es mucha o bastante. Sin embargo, según esa misma encuesta, la credibilidad del presidente Lagos bajo solo un punto desde septiembre del año anterior, del 54% al 53%, a pesar de los vínculos cercanos con varios de los implicados [17].

Pacheco y los fondos ilegales de campaña

En menos de cinco meses luego de asumir el poder, el presidente de Costa Rica, Abel Pacheco, enfrentó el primer señalamiento de corrupción en su contra. En septiembre del 2002 se publicó una investigación del periódico La Nación estableciendo que Pacheco recibió fondos a título personal para su campaña electoral. Entre los casos se encuentra uno que refiere que el 19 de diciembre de 2001 la empresa extranjera Waked International, propiedad del líbanes Abdul Waked, le extendió un cheque por 30 mil dólares. Waked es dueño de tiendas exentas de impuestos en más de 16 países de América Latina y en el 2001 trató de obtener la administración de las tiendas libres del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) ubicadas en el aeropuerto internacional de Costa Rica. Además, el partido de Pacheco, Unidad Social Cristina (PUSC) compró la sociedad anónima Gramínea Plateada, para captar indirectamente donaciones y financiar la campaña electoral [18]. Por un lado los fondos recibidos a través de las referidas transacciones no fueron reportados a la autoridad electoral, y por otro dichas prácticas de financiamiento están prohibidas por las leyes de ese país.

El presidente Pacheco admitió los hechos, declarando que no conocía la procedencia de los fondos y si estos fueron reportados a la autoridad electoral. Asimismo anunció su disposición a despojarse de la inmunidad para ser investigado. Sin embargo, en noviembre de 2002 el Fiscal General, Carlos Arias, en un escrito presentado ante la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, pidió desestimar los cargos contra el presidente Pacheco; el vicepresidente de la República, Luis Fishman; la ministra de la Presidencia, Rina Contreras, y el diputado Ricardo Jaime Toledo. Arias reconoció la existencia de anomalías, pero advirtió que un vacío legal impedía acusar a los referidos implicados [19]. Hasta la fecha las investigaciones siguen, pero están dirigidas únicamente contra el tesorero del PUSC, Fernán Guardia. En mayo de 2003, en un fallo sin precedentes, la Corte Suprema de Justicia levantó el secreto bancario para las cuentas de los partidos políticos o de sociedades anónimas que manejen recursos vinculados a estos, reconociendo el derecho de cualquier persona a pedir información sobre las mismas por ser datos de interés público.

Los fallos establecen el derecho de cualquier persona a pedir y recibir información acerca de las cuentas corrientes de los partidos políticos o de sociedades anónimas que manejen recursos vinculados a las agrupaciones políticas, pues son datos de interés público.

Una encuesta realizada por la firma UNIMER, publicada en octubre de 2002, reveló que la popularidad del presidente Pachecho no había sido afectada por los señalamiento en su contra sobre el financiamiento irregular de su campaña. Aunque el 73.8% de los encuestados consideró grave o muy grave la error de Pachecho, el 64% opinó que su gestión había sido buena o muy buena[20].

Ñañocracia

A diferencia de la popularidad de los anteriores mandatarios, los ecuatorianos no están muy contentos con el presidente Lucio Gutiérrez, quien asumió el poder en enero 2003. Un sondeo publicado en abril, evaluando los primeros 100 días de gobierno, determinó que el 72% de los encuestados consideran como mala o pésima su gestión de combate a la corrupción. Entre los principales señalamientos contra Gutiérrez, según esa encuesta, se encuentra la colocación de amigos en cargos gubernamentales con un 40%, seguido por el no cumplimiento de las ofertas de campaña con el 9% [21].

En una de sus celebres declaraciones de campaña, Gutiérrez prometió: "vamos a imponer cadena perpetua a los corruptos y haremos leyes para castigar a los corruptores: a cualquier empresa, nacional o extranjera, que pague coimas para conseguir un contrato, le caerá el peso de la ley". Pero su imagen cayó rápidamente cuando comenzó a circular información sobre la designación de parientes en importantes cargos de gobierno.

La esposa del presidente Gutiérrez, Ximena Bohórquez, y el hermano del primero, Gilmar Gutiérrez, son diputados por el partido Sociedad Patriótica. Un cuñado del mandatario, el ex coronel Napoleón Villa, fue nombrado como titular del Fondo de Solidaridad, mientras que la esposa de éste, Janeth Gutiérrez, apareció como asesora de la Presidencia. Una de las hermanas del presidente, Paola Gutiérrez, se anunciaba como parte del Banco del Estado, y su tío, Aníbal Borbúa, en el Fondo de Inversión Social de Emergencia. Otra hermana de Gutiérrez, Susana, se advertía como gobernadora de la provincia de Napo, y Henny Pavón, sobrina de la primera dama, como asesora del Instituto Nacional del Niño y la Familia [22].

Gutiérrez, luego de las publicaciones, admitió que habían parientes suyos trabajando con el gobierno, pero se defendió diciendo que ninguno ocupaba cargo público por decisión suya. Ciertamente las publicaciones periodistas frenaron las intenciones de Gutiérrez de nombrar más parientes y amigos en cargos de gobierno.

Ecuador ha tenido regímenes caracterizados por altos niveles de corrupción. El ex presidente Abdalá Bucaram (1996-1997) fue destituido por el parlamento en febrero de 1997 por numerosos casos de malversación de fondos. Huyó del país antes de que la Corte Suprema de Justicia dictara la orden de captura en su contra. Su sucesor, Fabian Alarcón Rivera, quien gobernó hasta agosto de 1998, fue acusado de haber contratado a 2 mil 89 personas mientras él era presidente del congreso, las cuales nunca se presentaron a trabajar entre 1995 y 1998. La Corte Suprema de Justicia ordenó su detención preventiva, pero luego hubo un informe de la Contraloría que lo liberó de responsabilidades [23].

Portillo y la conexión Panamá

En marzo del 2002 los periódicos La Prensa (Panamá) y Siglo XXI (Guatemala) publicaron, como producto de una investigación conjunta, datos y evidencias que mostraban que el presidente guatemalteco Alfonso Portillo, quien gobierna ese país desde enero del año 2000, junto a su vicepresidente, Juan Francisco Reyes López, el secretario privado de la Presidencia, Julio César Girón Barillas, y Juan Francisco Reyes Wyld, hijo del vicepresidente, habían abierto al menos 13 cuentas bancarias en Panamá y Estados Unidos y creado 4 empresas en Panamá y una en Islas Vírgenes. La finalidad declarada de las empresas era la comercialización de petróleo y de combustible para barcos, pero según los informantes, desde su apertura estas no habían tenido transacciones. [24]

La apertura de las cuentas bancarias fue realizada por medio de Juan Antonio Riley Paiz, cuñado del presidente Portillo, el empresario César Augusto Medina Farfán y un banco de Miami (Estados Unidos), el Total Bank. Los presuntos testaferros utilizaron, según los registros migratorios, el avión presidencial y otro de la Fuerza Armada para viajar en varias ocasiones a Panamá [25]. A Total Bank fueron remitidas las chequeras a nombre de Highlands Consultants Corporation e Inversiones Segovia, abiertas en el Banco Internacional de Panamá (BIPAN). En ambas empresas, según documentos recopilados por los referidos periódicos, aparecían como socios Reyes López y Girón Barillas. En Inversiones Segovia estaban Medina Farfán y Riley Paiz. Otras cuentas bancarias habrían sido abiertas en el Banco Atlántico, de Panamá. La información en poder de los periódicos señalaba que la intención era hacer transferencias de entre 150 mil y 300 mil dólares mensuales. Según Siglo XXI, ninguno de los funcionarios señalados había declarado estas transacciones en sus declaraciones patrimoniales, y hasta a la fecha no se ha aclarado el origen de los fondos.

La primera resistencia a investigar las denuncias periodísticas vinieron del entonces Contralor General, Marco Tulio Abadío. El ente que dirigía tiene facultades para vigilar el patrimonio de los funcionarios públicos y tomar acciones para evitar que estos se enriquezcan ilícitamente, sin embargo, éste se negó a abrir una investigación de oficio argumentando que "cualquier persona es libre de abrir las cuentas bancarias que quiera" [26].

Un año después de la revelación del caso de las cuentas en Panamá, y de varios altibajos en la investigación, la Sala IV de Negocios Generales del país canalero autorizó al Ministerio Público investigar en su territorio las operaciones del mandatario guatemalteco y sus allegados. Un mes antes, la Corte Suprema de Justicia Panamá había levantado el secreto bancario a las cuestionadas cuentas [27]. Vino entonces la salida de la Fiscal Anticorrupción, Karen Fischer, quien dejó su cargo el 31 de marzo del 2003 por supuestas presiones de parte del Fiscal General, Carlos De León, ejercidas a través de su secretario particular, para sacar al presidente Portillo del caso.

Según Fischer, Carlos Alberto Godoy Florián, secretario particular del Fiscal General, a través de una llamada telefónica ocurrida el 12 de marzo, le ordenó firmar un memorial que sería enviado al juzgado de Primera Instancia Penal pidiendo la desestimación de la vinculación del presidente Portillo en el caso de las cuentas en Panamá. En el referido memorial se argumentaría la inexistencia de pruebas para proceder contra el Portillo y que a un funcionario de su calidad no se lo podía colocar en situación de inestabilidad [28]. La que fue Fiscal Anticorrupción terminó saliendo de su país a finales de abril con destino a México, aduciendo inseguridad, amenazas de muerte y desinterés de las autoridades para protegerla.

Cabe citar, para tener una idea más apropiada de la intensidad de la corrupción en Guatemala, datos de la Fiscalía Anticorrupción dados a conocer en enero del 2003, según los cuales a esa fecha habían 2 mil 416 casos de corrupción en proceso de investigación por parte del Ministerio Público, y que el monto de lo defraudado ascendía a unos 75 millones de dólares [29]. Los procesos contra personas cercanas al presidente Portillo se mantienen estancados o estas han logrado evadir a la justicia. Entre ellos están el prófugo ex presidente del gubernamental banco Crédito Hipotecario Nacional, Armando Llort Quiteño, acusado de haber defraudado al ente financiero con más de 4 millones de dólares; el mismo empresario César Medina Farfán, involucrado en un desvío de unos 10 de millones de dólares en el ministerio de Gobernación y exonerado por un error de la fiscalía; y entre otros, el banquero Francisco Alvarado MacDonald, financista de la campaña del presidente Portillo, acusado de saquear los bancos Promotor y Metropolitano, libre gracias a una fianza de un poco más de 5 mil dólares. Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Mack, en declaraciones ofrecidas a un medio local en febrero del 2003, señaló que "la Fiscalía ha investigado para dar golpes publicitarios pero ha descuidado las investigaciones; en muchos casos no se han conseguido pruebas para una condena" [30].

Entre amigos y petroleo

Una encuesta de la Universidad de Monterrey realizada entre 3 mil 985 empresas nacionales y extranjeras y publicada en mayo de 2002, arrojó el dato de que el 63% destinan una proporción de sus ingresos para sobornar a funcionarios. De estas, el 81% lo hacen para agilizar permisos, el 79% para facilitar la conexión de servicios públicos, el 82% para controlar a los inspectores y el 52% para obtener contratos gubernamentales [31].

La información anterior revela que la corrupción sigue siendo un problema grave en México, y que su persistencia no fue afectada por el fin de la era priista y la llegada de Vicente Fox como presidente en noviembre de 2001. De hecho ha sido el caso "Amigos de Fox" junto al "Pemexgate" los que más espacio y atención han ocupado en los noticieros locales.

Amigos de Fox es una asociación civil conformada para apoyar la candidatura presidencial de Fox. Se señala que ésta fue utilizada para el ingreso a la campaña de unos 8.9 millones de dólares prohibidos por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como para lavar dinero. Los principales implicados son Lino Korrodi, Carlota Robinson y Carlos Rojas. A pesar de que el presidente Fox públicamente se ha pronunciado por la resolución definitiva del caso y ha pedido a los involucrados dar toda la información requerida, lo cierto es que el caso siguen enfrentado serios obstáculos. En uno de los últimos incidentes, se constató que la información entregada al Instituto Federal de Elecciones por el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jonathan Davis, era incompleta, lo que imposibilita que pueda haber una resolución para el 06 de junio, fecha asignada por la autoridades electorales para dictaminar sobre el caso.

La otra fuente importante de cuestionamientos contra el presidente Fox es la Fundación Vamos México, que dirige su esposa Marta Shahagún. El analista y columnista de La Jornada Luis Javier Garrido resume los señalamientos contra Vamos México así: "a) ha sido creada desde la cúspide del Estado, b) contó para organizarse con recursos logísticos, materiales y económicos del Estado y c) obtiene donativos de empresas transnacionales, de origen nacional o extranjero, en virtud de una política de tráfico de influencias que el candidato del PAN anunció desde la campaña de 1998-2000 al aceptar ilegalmente donativos de empresas que se han ido beneficiando con contratos y concesiones, una política fiscal favorable y el apoyo del Estado para su expansión." [32]

El "toallagete" fue un caso paradigmático sobre los lujos y comodidades muchas veces exorbitantes que gozan los presidentes latinoamericanos, y que son aceptadas socialmente como normales o simplemente ignoradas. Recién llegado al palacio de Los Pinos, Fox, presumiendo transparencia, ordenó publicar los gastos presidenciales en Internet, pero no se percató que periodistas de El Milenio se tomarían la molestia de revisarlos minuciosamente. Estos detectaron que la Presidencia había adquirido toallas de 443 dólares, un precio totalmente desproporcionado, entre otros artículos de lujo comprados por un total de 440 mil dólares [33]. Como resultado del descubrimiento, el responsable del Comité de Adquisiciones de la Presidencia, Carlos Rojas, y varios de sus colaboradores se vieron forzados a renunciar.

El competidor de Fox en la campaña del 2000, Francisco Labastida, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) está relacionado con otro de los graves casos de corrupción, el "Pemexgate". En marzo del 2003 el Instituto Federal de Elecciones impuso una multa a ese partido de 98 millones de dólares por financiar ilegalmente la campaña de Labastida. Según la investigación de ente electoral, cerca de 150 millones de dólares fueron desviados de la empresa estatal PEMEX, a través de su sindicato, de los cuales unos 50 millones fueron a parar a las arcas del PRI. La causa penal en este caso ha implicado al líder del sindicado petrolero Carlos Romero Deschamps, su tesorero Ricardo Aldana y Jesús Olvera, líder de la sección 1 en Ciudad Madero, Tamaulipas. Romero Deschamps es diputado y Aldana es senador de la Federación, mientras que Olvera es diputado estatal.

A pesar de los casos en que han estado envueltos tanto el oficial Partido Acción Nacional (PAN) y el PRI, prácticamente se encuentran empatados para las próximas elecciones para diputados federales del 6 de julio, y la intención de votos es muy similar a la que obtuvieron en las elecciones del 2000. Según una reciente encuesta del diario Reforma, publicada en abril del 2003, el PRI le lleva apenas un punto de ventaja (38%) al PAN (37%) de preferencia entre la población de adultos a nivel nacional[34].

Alemán y Bolaños

El ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán (1996-2001) se encuentra bajo arresto domiciliario desde diciembre de 2002 por el desvío de unos 100 millones de dólares a cuentas en Panamá y la malversación de 1 millón de dólares destinados a la modernización de la televisora estatal. Los delitos atribuidos a Alemán son lavado de dinero, malversación de caudales públicos, peculado, fraude al Estado y asociación para delinquir. En mayo de 2003 una jueza decidió unificar todos los casos en un solo juicio.

Foto de AP. Alemán es arrestado.

Entre los involucrados se encuentran su esposa, María Fernanda de Alemán; su hija mayor, la diputada María Dolores Alemán; su hijo mayor, Arnoldo Alemán Cardenal; y sus hermanos Amelia y Alvaro Alemán Lacayo. Por el lado de los funcionarios, entre los implicados están el el ex director General de Impuestos, Byron Jerez; el ex ministro de Hacienda, Esteban Duquestrada; los ex presidentes de la empresa telefónica Jorge Solís Farias y Gabriel Levy; y el ex presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y ex Superintendente de Pensiones, Martín Aguado [35].

Aunque la principal bandera del nuevo presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, quien asumió el poder en enero de 2002, fue la lucha contra la corrupción, su gestión también está contaminada de irregularidades. En noviembre del 2002 la Fiscal Específico Electoral, Blanca Salgado, acusó ante la Corte Suprema de Justicia por delitos electorales y fraude, cometidos durante la campaña electoral del año 2001, al presidente Bolaños y al vicepresidente, José Rizo Castellón, en calidad de autor y cómplice respectivamente [36]. Hasta la fecha el proceso judicial contra Bolaños y Rizo Castellón sigue estancado por la incapacidad de la Contraloría de realizar una auditoría sobre el manejo de los fondos cuestionados, debido - según ésta - a que el Consejo Supremo Electoral (CSE) no tiene información sobre los ingresos del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en la campaña del 2001. Por su parte, la Asamblea Legislativa aún no ha resuelto la desaforación de Bolaños y Rizo Castellón.

Bolaños también es investigado por la Contraloría General de la República con relación a la legalidad de una pensión de 8 mil 602 dólares al mes que recibe por haber ejercido el cargo de vicepresidente durante el mandato de Alemán.

Los desmanes de Mireya

Lamentablemente es difícil diferenciar a la única mujer presidenta latinoamericana, Mireya Moscoso, quien gobierna Panamá desde septiembre de 1999, de los demás mandatarios de la región. La persistente conducta de bloquear medidas contra la corrupción, la forma en que se favorece o encubre a quienes comenten actos de esa naturaleza y la actitud de desacreditación contra quienes hacen críticas hacia su gestión, son las características de su régimen.

Por ejemplo, la Fiscalía sometió a consideración un proyecto de ley que introducía nuevos delitos en el Código Penal, asociados con el lavado de dinero. La reforma, que fue aprobada por la Asamblea Legislativa, era novedosa porque eliminaba el requisito de prueba sumaria para la presentación de denuncias por enriquecimiento ilícito contra funcionarios. Esto abría el camino para que los ciudadanos pudieran presentar denuncias de esa naturaleza. A inicios de mayo del 2003 Moscoso objetó la reforma y devolvió el proyecto de Ley a la Asamblea, órgano que terminó sometiéndose al criterio presidencial [37].

La más importante reforma en materia anticorrupción que ha habido durante el mandato de Moscoso corrió una suerte similar. En enero de 2002 ella sancionó la ley aprobada por la Asamblea de libre acceso a la información pública y de hábeas data. Pero en mayo, sin que la ley lo previera, emitió un reglamento que complicó el proceso para acceder a la información. El artículo 8 de la normativa dictada por el Ejecutivo introdujo el concepto de "persona interesada" entre las condiciones para poder ser peticionario de información, el artículo 9 mezcla los conceptos de "planilla" con "expediente personal" llevando su aplicación al campo de la información privada, y el artículo 10 consigna un método de clasificación confidencial contrario a la ley. Estadísticas publicadas en enero de 2003 daban cuenta que de 65 recursos por incumplimiento a esta ley presentados ante la Corte Suprema de Justicia durante el año 2002, solo 10 fueron resueltos en favor de los peticionarios de la información [38]. A pesar de numerosas apelaciones de diversos sectores hechas a la mandataria para que derogue el referido reglamento, estas no han tenido eco.

Por otro lado, aún sigue sin encontrar una resolución definitiva el caso de supuestos sobornos pagados a legisladores por la aprobación de la ley del Centro Multimodal Industrial y de Servicios (CEMIS), y por la ratificación como magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Winston Spadafora y Alberto Cigarruista, actos ocurridos en diciembre de 2001 y enero de 2002 respectivamente.

Sobre el CEMIS, un proyecto de parque industrial para la zona de Colón a ser desarrollado por el Consorcio San Lorezo, aparecen como implicados los empresarios Stephen Jones y Martin Rodin y los legisladores Carlos Afú y Mateo Castillero, acusados de los delitos de corrupción de funcionarios y falsificación de documentos. Fue el mismo Afú, quien por cierto ya fue confirmado nuevamente como candidato a diputado para las elecciones del año 2004, el que un día después de ser sancionada la ley del CEMIS por la presidenta Moscoso, apareció ante los medios mostrando fajos de billetes que totalizaban 6 mil dólares, los cuales confesó haber recibido por dar su voto favorable al proyecto. Afú denunció que sus otros colegas diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) también recibieron los sobornos, entre ellos Balbina Herrera y Héctor Alemán, quienes habrían obtenido 150 mil dólares cada uno de esa transacción. El legislador confeso agregó además que había sido el diputado Mateo Castillero quien repartió los sobres, y que el negocio habría sido arreglado por el también diputado Miguel Bush con los empresarios Martín Rodin y Stephen Jones, del Consorcio San Lorenzo. La molestia de Afú al parecer se debía al incumplimiento de la promesa de entregarle 14 mil dólares más que le habían prometido por su voto [39]. Entre los últimos incidentes relacionados al caso se menciona que la Corte Suprema de Justicia debe devolver el expediente, cuya resolución final ha sido anunciada para antes de septiembre, a la Asamblea Legislativa para que sea este órgano el que resuelva si levanta o no la inmunidad a los diputados. En declaraciones dadas en enero del 2003, la presidenta Moscoso reafirmó su compromiso con el proyecto del CEMIS, declarando que "es un proyecto muy bueno para Colón y ojalá que terminen muy pronto todas las dificultades legales que ha traído, porque esto generará muchos empleos" [40].

Con relación al ratificación de los magistrados Spadafora y Cigarruista, que habrían sido afianzados en sus cargos también con el pago de sobornos a legisladores, ambos pertenecen al círculo cercano de la Presidenta, fueron nombrados por ella y son considerados piezas de la mandataria en la Corte Suprema de Justicia. Antes de su nombramiento, Spadafora era ministro de Gobierno y Justicia, mientras que Cigarruista era legislador del partido oficial.

Otro caso importante de mencionar es el de los duro-dólares, una ironía extrema. La directora Administrativa de la Presidencia, Dalis Xiomara Sánchez, demandó a sus empleados en agosto de 2002 por haberle robado dinero. Esta tenía guardados en el congelador, maceteros y en el lavamos de su casa 35 mil dólares, de los cuales no pudo explicar ni demostrar su origen. Además, con el salario que ganaba le hubiera tomado mucho tiempo reunir. Estas eran condiciones suficientes para presumir enriquecimiento ilícito, pero la fiscalía desestimó este criterio y la emprendió contra los empleados de Sánchez por el delito de robo.

Bajo la sombra colorada

Pocos meses quedan para que Luis González Macchi (1999-2003) concluya su mandato presidencial. Actualmente la Fiscalía de Delitos Económicos lo investiga por enriquecimiento ilícito, en base a informes de la Contraloría que dan cuenta que éste aumento su patrimonio personal aproximadamente en un 80% en los últimos cinco años [41]. En este proceso también es indagada su esposa, Susana Galli Romañach.

Macchi salió librado del proceso de destitución que le siguió el Senado y que concluyó con la votación del 11 de febrero de 2003, donde a pesar de que 25 senadores de los 44 votaron en su contra, el número no alcanzó los dos tercios requeridos según la Constitución. Los cargos contra el mandatario era mal desempeño de funciones y actos de corrupción. Se le responsabilizó, entre otros hechos, del desvío de 16 millones de dólares de los bancos Unión y Oriental, de irregularidades en el proceso de privatización de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones, la posesión de un auto robado y de ejercer tráfico de influencias [42].

Otra investigación de la Fiscalía, sobre el uso de los gastos reservados, que implica tanto a Macchi como a sus antecesores, Juan Carlos Wasmosy y Raúl Cubas, se mantiene estancada por la resistencia de la Presidencia a entregar los informes requeridos. Auditorías de la Contraloría revelaron que el presupuesto de gastos reservados se ha ejecutado sin atender las normativas pertinentes, la perdida de documentación de respaldo y serias deficiencias en los registros contables [43]. Se estimada que entre los años 1999 y 2001 en concepto de gastos reservados se erogaron unos 4.5 millones de dólares.

El sucesor de Macchi, el abogado Nicanor Duarte, tomará posesión de su cargo el 15 de agosto de 2003. Fue su viceministro de Educación entre 1989 a 1993 en el gobierno del general Andrés Rodríguez, y hasta 1998 ministro de esa misma cartera con el entonces mandatario Wasmosy. A pesar de ser el presidente del partido de Macchi, el Colorado que ha gobernado Paraguay desde 1947, Duarte se distanció del gobierno actual con un fuerte discurso contra la corrupción, el contrabando y la evasión de impuestos. Sin embargo, hay ya algunos incidentes que ponen en duda su compromiso. En abril del 2003 una transmisión del programa periodístico El Informante, transmitido por Canal 2, fue interrumpida. En ella presentarían una conversación telefónica sobre la recaudación de fondos para la campaña de Duarte Frutos y otras de supuestos funcionarios de la Superintendencia de Seguros declarando sobre sobornos en esa entidad. Sus conductores, Augusto Barreto y Luis Bareiro, denunciaron que el candidato presidencial había llegado antes al canal para pedir que la transmisión de programa fuera suspendida hasta después de las elecciones. En mayo de 2003 Duarte Frutos anunció que iniciará un proceso judicial contra Barreto y Bareiro por difamación y calumnias, agregando su intención de "poner límites" a la prensa.

Los pecenistas y Flores

Con la instauración de regímenes democráticos en El Salvador, solo dos partidos han gobernado el país, la Democracia Cristiana (PDC) entre 1984 y 1989, y Alianza República Nacionalista (ARENA). Éste último por tres períodos consecutivos que corresponden a los gobiernos de Alfredo Cristiani (1989-1994), Armando Calderón Sol (1994-1999) y Francisco Flores (1999-2004).

Durante todo este tiempo, aunque han sido numerosos los casos de corrupción abiertos por hallazgos de los mismos entes contralores o denuncias de terceros, ninguno ha concluido en resoluciones donde funcionarios o empresarios importantes sean declarados culpables de delitos de corrupción[44]. Por otro lado, la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de funcionarios está vigente desde 1959. Ésta consigna que basta que los funcionarios no puedan demostrar el origen o crecimiento de su patrimonio para presumir enriquecimiento ilícito, calificado como un delito penal. Sin embargo, durante los 44 años de existencia de la referida normativa, igualmente ningún funcionario ha sido condenado por esa causa.

Luego de su salida del gobierno, producto de un golpe de Estado ocurrido en 1979, el partido de Conciliación Nacional (PCN) se ha mantenido como la tercera fuerza legislativa, y sus votos han sido necesarios para la aprobación de leyes y nombramientos de funcionarios afines a los intereses de los partidos oficiales. A cambio de tales votos, tanto el PDC como ARENA entregaron al PCN el control de la Corte de Cuentas, el principal ente fiscalizador del país. Por más de dos décadas sus presidentes han sido dirigentes pecenistas[45], y sus magistrados han correspondido, con pocas excepciones, al partido ARENA o al PDC.

Además de dar los votos legislativos, el PCN, a través su control sobre la Corte de Cuentas, se ha encargado de evadir u obstruir las investigaciones de casos de corrupción y de exonerar a sus implicados. Un hecho de mucho simbolismo fue el allanamiento que la Fiscalía efectuó a la oficinas de la Corte de Cuentas en septiembre del 2000, para secuestrar documentación, por la resistencia del ente a colaborar en las investigaciones sobre una millonaria malversación de fondos en la Federación Salvadoreña de Fútbol.

Con el tiempo, la acumulación de tantos casos también le ha servido al PCN como instrumento de chantaje para reclamar cuotas mayores de poder, a tal grado que su secretario general, Ciro Cruz Zepeda, es el presidente de la Asamblea Legislativa desde hace varios años. Zepeda también fue presidente de la Corte de Cuentas entre 1985 y 1987, cargo del que destituido por irregularidades en su administración.

Este escenario le ha permitido, en el caso particular de ARENA ejercer sus tres períodos sin que sus principales funcionarios involucrados en prácticas de corrupción sean investigados o que tengan que responder ante los tribunales.

Entre los ejemplos recientes se encuentran el ministro de Economía, Miguel Lacayo. En diciembre de 2000 una investigación periodística estableció que éste había favorecido a su empresa, Baterías de El Salvador, con la exoneración de impuestos a la importación de partes de baterías. Hasta la fecha no se le ha abierto una investigación. Un estudio realizado por el economista Roberto Góchez concluyó que la discresionalidad de que goza el ministro de Economía en el manejo de los aranceles le habían costado al país 40 millones de dólares entre los años 1998 y 2000.[46]

En agosto de 2002, PROBIDAD denunció una licitación irregular para la compra de uniformes policiales, en la que se favorecería con sobreprecios por cerca de 500 mil dólares a una empresa de la que había sido directivo el ministro de Gobernación, Conrado López Andreu. La oportunidad con se hizo la denuncia obligó a las autoridades a echar atrás el negociado, pero hasta la fecha ni la Policía Nacional Civil (PNC) ni la Corte de Cuentas han accedido a hacer pública la resolución sobre el caso. El director de la PNC de ese entonces, Mauricio Sandoval, quién era responsable de la licitación irregular, es ahora precandidato a la Presidencia de la República por el partido ARENA[47].

Las más reciente denuncia fue contra el Ministro de Salud Pública, José Francisco López Beltrán, realizada en febrero de 2003 por médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Ésta refiere que en agosto del 2002 el ISSS adjudicó sin licitación a la empresa SERME un contrato por 634 mil 840 dólares para la atención oftalmológica de sus derechohabientes. Aunque López Beltrán aceptó que además de ser accionista es secretario de la junta directiva de la referida empresa, el presidente Flores desestimó las acusaciones[48].

En cuanto a reformas anticorrupción, el presidente Flores también las ha anulado. En el año 2000 suscribió un convenio anticorrupción con el gobierno de los Estados Unidos, de asistencia técnica y financiamiento por la implementación de un código de ética gubernamental. El siguiente cuadro muestra cómo fueron utilizados 230 mil dólares que el gobierno salvadoreño recibió de donativo como parte de ese convenio [49]:

A pesar de haberse gastado los fondos del donativo, el presidente Flores se negó a darle vigencia al Código de Ética, con el pretexto que el proyecto debía ser impulsado desde la Corte de Cuentas.

Mientras tanto el PCN está concretizando una nueva alianza con el opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), al que las encuestas por el momento dan como favorito para ganar las elecciones presidenciales de marzo del 2004. En la instalación de la nueva Asamblea Legislativa, el 1ro. de mayo de 2003, el mayoritario FMLN le permitió al PCN, a cambio de sus votos para algunos decretos, mantener a Ciro Cruz Zepeda en la presidencia de ese órgano y nombrar a dos directivos más, los diputados Francisco Merino y Elizardo Lovo, sobre quienes también pesan cuestionamientos de corrupción y conflictos de intereses. Bajo condiciones así e independientemente gane ARENA o el FMLN las presidenciales del próximo año, no es arriesgado pronosticar que la Corte de Cuentas seguirá estando más tiempo en manos del PCN.

Los mandatarios peruanos

Se estima que Alberto Fujimori tiene al menos 207 millones de dólares en cuentas bancarias en Europa, en lo que se denominó como el "fondo de contingencia". Así lo asentó el magistrado José Luis Lecaros Cornejo en el auto de apertura de instrucción contra el ex-mandatario, que gobernó Perú entre los años 1990 y 2000 [50]. Los delitos que pesan contra Fujimori son enriquecimiento ilícito, asociación ilícita para delinquir, contra la fe pública y peculado. Los cifra indicada, que es solo una parte de lo defraudado al Estado peruano durante su gestión, habría sido reunida a partir de desviaciones de fondos de los ministerios de Defensa y del Interior, canalizadas por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), bajo la conducción de su asesor Vladimiro Montesinos. En los procesos por corrupción del gobierno de Fujimori hay más de 250 funcionarios involucrados.

Alberto Fujimori
Ilustración de APRODEH (Perú)

Fujimori se encuentra gozando de libertad en Japón sin que hasta la fecha las autoridades peruanas hayan logrado su extradicción, y a pesar de existir una orden de captura internacional en su contra. El 29 de marzo, a través de un video presentado ante simpatizantes suyos en la ciudad de Huancayo confirmó su intención de regresar al Perú para correr por la presidencia en el año 2006.

La idea de Fujimori parecería descabellada si no fuera por el antecedente de Alan García, quien luego de refugiarse en Colombia por varios años regresó a su país y quedó segundo lugar en las elecciones presidenciales del 2001, ganadas por el actual presidente Alejandro Toledo. García gobernó entre 1985 y 1990. En 1992 se le abrió un proceso por su participación en transacciones irregulares con el Banco de Crédito y Comercio Internacionales (BCCI), la compra-venta de aviones Mirage 2000, desequilibrios patrimoniales y tenencia de cuentas bancarias no justificadas. En 1994 fue acusado de enriquecimiento ilícito, colusión ilegal, negociación incompatible y cohecho pasivo, por la entrega irregular de derechos para la construcción del tren eléctrico al consorcio italiano Tralima [51].

El presidente Toledo, quien llegó al poder con la promesa de limpiar la corrupción fujimorista, tampoco está exento de acusaciones en su contra. Las últimas fueron sobre la presuntas presiones que éste habría ejercido para que el canal 5 de Panamericana Televisión cambiara su línea periodística. Pedro Arbulú, ex directivo de la televisora, declaró a inicios de mayo ante la fiscalía que se reunió en siete oportunidades con Toledo, en el Palacio de Gobierno, para hablar sobre la conducción del canal 5. Arbulú sostuvo que inclusive el mandatario habría mostrado interés en comprar la televisora [52].

Recientemente el Canal N difundió un audio de una conversación sostenida entre Salomón Lerner Ghitis, entonces presidente de la Corporación Financiera de Desarrollo, Jorge Pastor Ampuero, director de la empresa pesquera SIPESA, y Moisés y Alex Wolfenson Wollock, propietarios de los diarios La Razón, el Chino, El Men y Todo Sport [53]. Estos últimos son procesados por pertenecer a la red de corrupción de Vladimiro Montesinos. En la cinta consta que el empresario Lerner, muy estrechamente vinculado al presidente Toledo y presuntamente hablando en nombre de éste, reclamó a los Wolfenson por el comportamiento del diario La Razón, sugiriéndoles que abandonen su línea crítica al gobierno, o que de lo contrario el proceso judicial en su contra los llevaría a la cárcel.

Entre otros hechos, los ahora ex directivos de Petroperú son procesados de desviar ilegalmente 2.5 millones de dólares que fueron destinados a la remodelación del Palacio de Gobierno, con la llegada del presidente Toledo [54].

¿Revolución bolivariana?

En marzo de 2003 se conoció que la Comisión de Contraloría del Congreso venezolano tenía abiertos 325 expedientes sobre actos de corrupción. Entre estos se encuentra el del FIEM y el Plan Bolívar 2000, en los cuales hay una responsabilidad directa del primer mandatario, Hugo Chávez.

Unos 3 mil 300 millones de dólares fueron desviados del Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM) y ocupados para pagar beneficios salariales a personeros del gobierno. Sin éxito, en agosto fue sometido a consideración del Congreso, controlado por el Movimiento V República de Chávez, el informe de la Comisión de Contraloría sobre el FIEM donde se responsabilizaba al mandatario, a los ex ministros de Finanzas, José Rojas y Nelson Merentes, al viceministro de gestión financiera, Jesús Bermúdez, de la ex tesorera nacional, Leyda Betancourt y el titular de ese mismo cargo, Julio Viloria [55]. El mismo presidente Chávez había reconocido en junio del 2002, en su programa radial "Aló Presidente", que no había depositado en la cuenta del FIEM 2 mil 936 millones de dólares. Tampoco han tenido éxito las demandas ante el Tribunal Supremo de Justicia presentadas por diputados de oposición, donde le atribuyen los delitos de malversación genérica y malversación agravada de fondos públicos, peculado doloso propio y peculado culposo.

En el caso del Plan Bolívar 2000, un enorme programa de asistencia social bajo la responsabilidad del ejercito, la misma comisión legislativa que investigó el desvío del FIEM, concluyó que el inspector general del cuerpo armado, general Melvin López Hidalgo, era responsable de la malversación de unos 180 mil dólares [56]. La Fiscalía también levantó cargos de malversación y contrataciones ilícitas contra el coronel Ernesto José Cedeño y al sargento Gilberto José Sala. Cabe aclarar que hubo otras numerosas denuncias sobre el manejo del Plan Bolívar que no han recibido la misma diligencia por parte de la Contraloría y la Fiscalía.

En septiembre de 2002 el Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible otra de las demandas contra el presidente Chávez, referida a la recepción de fondos ilegales para la contienda electoral que lo llevó a asumir el poder en febrero de 1999. Se trata de una donación del español Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA) de 1.5 millones de dólares que no fueron reportados por Chávez ante Consejo Nacional Electoral [57]. Se trata de un caso derivado de la investigación abierta por el juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional española contra el referido banco, que es uno de los principales en América Latina [58]. Los señalamientos contra el BBVA consignan que éste mantuvo cuentas secretas desde 1987 hasta el año 2000 en paraísos fiscales. De esos fondos habría salido el financiamiento para Chávez, usando como intermediario al Banco Provincial de Venezuela. BBVA también se habría vinculado a Alberto Fujimori en el Perú, y otra parte de los fondos habrían sido introducidas en México y Colombia.

El prestigio dominicano

En febrero del 2003 el presidente dominicano Hipólito Mejía, quien gobierna desde agosto del 2000, se mostró encolerizado por un fallo estadounidense en favor de dos ex agentes de la DEA (Drug Enforcement Administration) que descubrieron que José Francisco Peña Gómez, líder fallecido de gobernante Partido Revolucionario Dominicano (PRD), utilizó dinero proveniente del narcotráfico durante la campaña presidencial de 1996. Mejía advirtió que iba a tomar acciones contra los dos agentes por haber dañado el imagen de Peña Gómez.[59] Ese mismo mes, su gobierno amenazó con emprender procesos judiciales contra periodistas que no sustentaran con evidencias sus denuncias sobre hechos de corrupción o que difamaran a los funcionarios públicos[60].

El gobierno del presidente Mejía viene enfrentado incesantes señalamientos de corrupción. Entre los actuales implicados se encuentran tres ayudantes civiles del Poder Ejecutivo, dos inspectores de la Presidencia, un cónsul y un vicecónsul. Aunque el nuevo procurador ha prometido someter a la justicia a todos los involucrados en corrupción, hasta la fecha son pocas las acciones judiciales exitosas contra estos y otros implicados, tanto del régimen actual como del anterior, del ex presidente Leonel Fernández. Sobre este último, él y varios de sus funcionarios son los implicados en el manejo irregular de unos 60 millones de dólares de los programas sociales de Empleo Mínimo Eventual (PEME) y de Acción Barrial (PRODABA), usados ''para financiar cuadros políticos, corromper y comprar el favor del tigueraje con miras a las elecciones del 1998 y del 2002'', según la misma Procuraduría[61]. Los funcionarios encarcelados en estos casos recobraron la libertad por medio de fianzas.

Al igual que otros mandatarios, Mejía es criticado por la falta de resultados concretos en la lucha anticorrupción. Estos señalamientos han venido de la iglesia católica, del movimiento cívico Participación Ciudadana y entre otros, de Alexis Joaquín Castillo, ex fiscal del Distrito Nacional. Castillo declaró a medios locales que el desempeño del Departamento Anticorrupción (DEPRECO) está limitado por la falta de voluntad gubernamental; criticando a su vez al presidente Mejía por no haber autorizado a su oficina para que investigara y persiguiera a los miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). En enero de 2003, el entonces procurador general Virgilio Bello Rosa renunció a su cargo debido a su insatisfacción por el poco apoyo a la lucha anticorrupción de parte del Órgano Ejecutivo[62].

En un sondeo realizado por la firma estadounidense Hamilton-Beattie & Staff a encargo del diario Hoy, cuyos resultados fueron publicados en febrero de 2003, nueve de cada diez encuestados consideró que en el actual gobierno hay corrupción y el 58% estimó que la corrupción era mayor que en la administración anterior.[63]

Club presidencial de protección mutual

En octubre del 2002 el presidente dominicano Hipólito Mejía ofreció asilo al ex-presidente nicaragüense Arnodo Alemán, procesado en su país por corrupción[64]. El presidente Mejía ha dicho en varias ocasiones que no está de acuerdo con perseguir a ex presidentes por considerar que esto representa una falta de respeto.

Foto de Listín Diario: El presidente Hipólito Mejía
con el ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán.

El hecho anterior provocó al analista y periodista de El Nuevo Herald,Andrés Oppenheimer, dedicar una columna titulada "El club presidencial de protección mutua"[65], donde cuestionó como los gobiernos latinoamericanos se protegen dando asilo y protección a mandatarios implicados en corrupción. Según Oppenheimer, "prácticamente no hay un país en el hemisferio, incluido Estados Unidos, que históricamente haya ayudado a combatir la corrupción cerrándole las puertas a funcionarios acusados de robo en busca de un refugio para evadir juicios en sus países".

Algunos de esos casos son:

Brasil: ex dictador paraguayo Alfredo Ströessner
Colombia: ex presidente peruano Alan García
Costa Rica: ex vicepresidente ecuatoriano Alberto Dahik
Cuba: ex presidente mexicano Carlos Salinas
Panamá: los ex presidentes Abdalá Bucaram (Ecuador) y Jorge Serrano Elías (Guatemala) y al ex dictador haitiano Raoul Cedras
República Dominicana: ex presidente venezolano Carlos Andrés Pérez

Además, aunque no se concretizó, en enero de 2000 el presidente chileno Eduardo Frei le ofreció asilo al depuesto presidente ecuatoriano Jamil Mahuad. Éste último ha trabajado desde hace varios años con el Centro de Liderazgo Público de Harvard University (Estados Unidos).

Frente a vínculos como los anteriores, es válido plantear la hipótesis de que el ex presidente Alemán de Nicaragua y el presidente Portillo de Guatemala pueden haber sido favorecidos o apoyados en algún grado por la presidenta Moscoso para abrir cuentas bancarias irregulares en Panamá.

En marzo de 2003, en ocasión de una gira que haría por varios países latinoamericanos, el presidente estadounidense, George W. Bush, anunció varias medidas anticorrupción en su política exterior. Una de esas era la cancelación o suspensión de visas para viajar a su países a quienes estuvieran acusados de corrupción. Desde entonces reportajes periodísticos en Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Paraguay han informado acerca de supuestos afectados por esa medida. Sin embargo, hasta la fecha no existe ningún informe oficial de carácter público sobre los criterios con qué se ha aplicado la cancelación de visas y los resultados obtenidos [66].

Conclusiones

En base al estudio de los casos enumerados anteriormente se pueden señalar factores que favorecen la corrupción presidencial, entre ellos:

a) La retardación o atenuación de los procesos judiciales. Las investigaciones de las fiscalías u otros organismos de investigación y el procesamiento de funcionarios de primer nivel normalmente son complejas. Poco a poco la atención sobre los casos se va alejando de los hechos que los originaron para enredarse en un ir y venir de argumentos legalistas, muchas veces involucrando a los auditores o jueces como partes y sometiéndolos a influencias o presiones para viciar su criterio.

La estrategia generalizada es el alargamiento de los procesos, haciendo uso de todas las instancias de revisión o apelación disponibles, o dejando llegar cada una de las etapas procesales a sus fechas tope. En esa medida también las evidencias van siendo adulteradas, ya sea con la pérdida de documentos o con el surgimiento de nuevos que anulen o al menos disminuyan el valor probatorio de aquellas.

Paralelamente al proceso, los imputados van introduciendo valoraciones extra jurídicas, como supuestas conspiraciones en contra suya y de sus partidos, y van armando campañas de desacreditación contra sus acusadores . En casos extremos, como Menem en Argentina o Alemán en Nicaragua, sus seguidores los consideran víctimas y han llegado al extremo de recurrir a la violencia para defenderlos.

La regla es que mientras más complejo y tardado se vuelva el proceso, las oportunidades de los imputados para desvanecer o atenuar jurídica o políticamente los señalamientos en su contra serán mayores.

b) Partidas e información secreta. En mayo de 2001 la revista Caretas informó que más de 1 mil 300 millones de dólares habían sido desembolsados entre los años 1995 y 2000 por el presidente Fujimori, por medio de 21 decretos de urgencia y 23 decretos supremos con carácter secreto[67]. Este caso ejemplifica las amplias facultades que tienen los presidentes para disponer de partidas secretas o de manejo discresional, y de borrar evidencias a través de la clasificación o destrucción arbitraria de documentos públicos. En algunos casos estas prácticas pueden tomar formas supuestamente más legitimas como en Chile, con los sobresueldos no declarados.

Los mecanismos citados son una fuente importante de oportunidades para circular sobornos entre legisladores, jueces y periodistas, para comprar testigos, fabricar pruebas o simplemente acrecentar el patrimonio de los mandatarios.

El carácter secreto de esas transacciones permiten también que los casos normalmente solo sean conocidos hasta que los mandatarios han terminado sus períodos, si es que sus sucesores no acceden a protegerlos.

Razones como estas serían, como ejemplo, por las que Gonzalez Macchi se está negando a presentar los informes requeridos por la Fiscalía sobre el manejo de las partidas secretas por parte él y dos de sus antecesores y el por qué la presidenta Moscoso puso tantas trabas a la ley de acceso a la información pública.

c) Financiamiento irregular de las campañas. En muchos países de América Latina aún no existe la obligación de los candidatos y partidos de rendir cuentas sobre su financiamiento. Del dinero proveniente del narcotráfico y otros delitos del crimen organizado, aún se sabe muy poco sobre cómo detectar y prevenir que entren a los procesos electorales. En los países donde hay legislación sobre esta materia, aún siendo frágiles, se ha podido detectar cómo el dinero ilegal entra en las campañas. Fox y Labastida en México, Chávez en Venezuela, Pacheco en Costa Rica y Bolaños en Nicaragua son ejemplos de a lo que pueden llegar los candidatos con tal de tener suficientes fondos electorales.

Es claro que los partidos con menores recursos económicos tienen pocas o nulas oportunidades de acceder al poder y su existencia está amenazada con cada proceso electoral. El papel de los financistas de las campañas es determinante en la nominación de los candidatos y los resultados electorales. Es claro también que las facturas que estos financistas pasan a los gobiernos una vez electos, en forma de concesiones, regulaciones favorables y contratos públicos, entre otras, tienen un elevado precio.

d) Ocultamiento del enriquecimiento ilícito. El presidente Portillo de Guatemala y Alemán en Nicaragua parecen conocer las ventajas que hay al abrir cuentas bancarias y empresas en Panamá, un país que les queda próximo. Otros, como Menem o Fujimori llevaron el dinero más lejos, hasta Europa.

Los sistemas que existen en la mayoría de países latinoamericanos de declaraciones patrimoniales para evitar el enriquecimiento ilícito quedan normalmente en el ridículo, frente a las diversas alternativas que existen para canalizar el dinero proveniente de sobornos o robos del erario público. A través de complejas transacciones financieras, con las modalidades para la creación de empresas, el uso de fundaciones o sindicatos como intermediarios y las facilidades para mover en horas el dinero a través de varios países, los fondos y activos ilegales pueden ser ocultados fácilmente, con relación a la capacidad de los gobiernos para detectarlo.

e) Inmunidades y antejuicios. Los presidentes y funcionarios de alto nivel gozan de inmunidad. Esto implica que para ser procesados penalmente, los parlamentos deben primero, a través de un antejuicio, levantarles esa protección constitucional. En la práctica la inmunidad es utilizada para obstruir las investigaciones y evadir los tribunales. Así lo han hecho Portillo en Guatemala, Alemán y Bolaños en Nicaragua y González Macchi en Paraguay. La inmunidad normalmente funciona como un mecanismo de impunidad.

f) Intimidaciones. Críticos de la corrupción gubernamental, especialmente periodistas, medios de comunicación y denunciantes, están sufriendo crecientes amenazas, ataques verbales y físicos, procesos judiciales y otras agresiones que no son debidamente investigadas, ni mucho menos procesadas o sancionadas adecuadamente por los gobiernos. Además, es poco frecuente que los amenazados o agredidos reciban el debido respaldo de otras organizaciones cívicas o del público en general.

Periodistas Frente a la Corrupción (PFC), una de las iniciativas regionales de PROBIDAD, en el año 2002 registró 197 agresiones contra periodistas y medios latinoamericanos en hechos relacionados con la exposición de la corrupción, y en los primeros meses del 2003 los casos de ese tipo suman ya 77[68]. En Colombia, los veedores (vigilantes ciudadanos) Manuel Ospino Castrillo, José Lucio Cantero Doria y Felix Eduardo Matínez Ramírez, de los municipios colombianos de Arjona (Bolívar), Lorica (Córdova) y Ibagué (Tolima) respectivamente, fueron asesinados en su orden el 18 de marzo, 21 de febrero y 19 de enero, mientras que otros están amenazados de muerte[69].

Todo lo anterior nos señala el grado de responsabilidad que tienen los liderazgos políticos en los niveles de corrupción, encubrimiento e impunidad que prevalecen en la región. El involucramiento de los mandatarios, o aspirantes a tales cargo, ya sea por acción directa, tolerancia u omisión, constituye un poderoso esquema que se impone en el relacionamiento político y administrativo de los gobiernos. Por encima de los ordenamientos formales, va prevaleciendo un código de tipo mafioso, que sin estar escrito es entendido y observado por los funcionarios, auditores, jueces y otros. Y todo esto va conformando un sistema, arraigado en las entrañas mismas del Estado y la sociedad, que adquiere la capacidad de reproducirse y evolucionar con el tiempo, sin importar quienes sean los actores.

Es importante anotar que del estudio de los casos reseñados no se aprecia que el factor ideológico, al que tanta importancia se le da en América Latina, sea una variable determinante en la configuración de mandatos corruptos.

Antes de terminar, un punto cuya mención no puede obviarse es que aunque las encuestas nacionales y regionales muestran que la mayoría de los latinoamericanos consideran que la corrupción es extensa y persistente en sus países, sus principales preocupaciones están concentradas en solventar la incertidumbre económica y la inseguridad. El criterio de sobrevivencia es el que se impone. Esto se traduce en un desinterés marcado con relación al problema de la corrupción y permite la reproducción de esquemas transgresores, como el autoritarismo, la exclusión, el oportunismo y la impunidad.

Notas:

1. Carlos Fuentes. Escritor mexicano. Palabras pronunciadas durante la entrega de premios a la comunicación de UNICEF. Guatemala. Agosto de 2001.

2. Recurso de PROBIDAD. Barómetro de Gobernabilidad 2003. http://probidad.org/regional/recursos/estadisticas/barometro_gob.html

3. Ministerio del Interior. Sitio Elecciones 2003. Argentina. http://www.elecciones2003.gov.ar

4. Clarín. Suplemento especial Ballotage 2003. Argentina. http://www.clarin.com/diario/hoy/elecciones.html

5. Caracol. Especial sobre la detención de Menem. Colombia, 07 de junio de 2001. http://www.caracol.com.co/especial.asp?t=77

6. Associated Press. Menem confía en retornar al poder. 27 de abril de 2003. http://espanol.news.yahoo.com/030428/1/ja70.html

7. Página 12. Un cercano colaborador de Menem. 06 de octubre de 2001.

8. Página 12. Las cuentas de Suiza. 02 de mayo de 2003.

9. Clarín. Causa contra Menem. 07 de abril de 2003.

10. La Tercera. MOP-Ciade: Juez Rivera procesó a 28 personas. Chile. 02 de mayo de 2003.

11. El Mercurio. Especial: Caso GATE. Chile. http://www.emol.com/especiales/gate

12. La Tercera. Amnistía para cerrar casos de sobresueldos fue analizada en reunión de Insulza. Chile. 01 de mayo de 2003

13. El Mercurio. Especial: Quién es quien en el caso coimas. Chile. http://www.emol.com/especiales/coimas

14. La Tercera. Autor de fraude Corfo-Inverlink logró ocultar US$ 126 millones. Chile. 14 de marzo de 2003.

15. El Mercurio. Renuncia de Gonzalo Rivas intenta neutralizar críticas. Chile. 11 de marzo de 2003.

16. Terra Noticias. Tranquilidad en mercados chilenos tras renuncia de presidente del Banco Central. 01 de abril de 2003.

17. AmericaEconomica.com. El Gobierno chileno pasa ileso a través de los escándalos de corrupción. 08 de enero de 2003.

18. La Nación. Donaciones a Pacheco infringieron normas. Costa Rica. 20 de septiembre de 2002.

19. La Nación. Fiscal confirma fallas con donaciones. Costa Rica. 13 de noviembre de 2002.

20. La Nación. Pacheco supera escándalos. Costa Rica. 21 de octubre de 2002.

21. Hoy. Los ocho errores de Lucio Gutiérrez. Ecuador. 21 de abril de 2003.

22. El Nuevo Herald. Le achacan nepotismo a Lucio. 27 de enero de 2003.

23. PROBIDAD. Galería de los corruptos latinoamericanos. http://probidad.org/regional/recursos/galeria

24. Siglo XXI. Siglo veintiuno revela existencia de cuentas bancarias de Portillo en Panamá y EEUU. Guatemala. 05 de marzo de 2003.

25. Prensa Libre. César Medina viajó en el avión presidencial. Guatemala. 08 de marzo de 2003.

26. Prensa Libre. Contralor General quiere pruebas. Guatemala. 06 de marzo de 2003.

27. Prensa Libre. CSJ avala averiguar cuentas en Panamá. 20 de marzo de 2003.

28. PROBIDAD. Renuncia de Fiscal Anticorrupción debe aclararse. 04 de abril de 2003. http://probidad.org/regional/pronunciamientos/2003/001.html

29. Prensa Libre. Fraudes al Estado por Q600 millones: Investigación: Fiscalía especial ha recibido 2,416 casos desde el 2000. 20 de enero de 2003.

30. Prensa Libre. Casos contra amigos de Alfonso Portillo no avanzan en MP. 21 de febrero de 2003.

31. BBC. México/empresas: "alta" corrupción. 27 de mayo de 2002.

32. La Jornada. El iceberg. 07 de febrero de 2002.

33. El Nuevo Herald. Andrés Oppenheimer: El `toallagate' como modelo de lucha anticorrupción. 25 de junio de 2001.

34. Reforma. Abandona burocracia profesionista al PAN. 26 de abril de 2003.

35. El Nuevo Diario. ¡Robo gigantesco!. 07 de agosto de 2002.

36. La Prensa. Bolaños acusado por delitos electorales. Nicaragua. 08 de noviembre de 2002.

37. La Prensa. Más sombras a la transparencia.

38. La Prensa. Hay que derogar el decreto mordaza: TI. 23 de enero de 2003.

39. La Prensa. Sobornos en la Asamblea. 17 de enero de 2003.

40. La Prensa. Gobierno espera fallo sobre caso CEMIS. 29 de enero de 2003.

41. Diario Noticias. En 4 años, González Macchi ganó apenas G 800 millones. 03 de mayo de 2003.

42. BBC. Senado "absuelve" a González Macchi. 12 de febrero de 2003.

43. ABC Color. Emplazan a Presidencia para que informe sobre gastos reservados. 23 de abril de 2003.

44. PROBIDAD ha recopilado por cuatro años consecutivos registros sobre los casos de corrupción que han llegado al conocimiento del público, y ha monitoreado la respuesta que han dado frente a ellos organismos como la Corte de Cuentas, la Fiscalía General de la República y los tribunales de justicia.

45. PROBIDAD. Presidentes de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador, 1940-2002.http://www.probidad-sv.org/docs/presidentesCdeC.html

46. PROBIDAD. Ética de los servidores públicos: el caso "Lacayo". 11 de marzo de 2002. http://www.probidad-sv.org/boletines/2002/boletin_probidad_29.html

47. PROBIDAD. Denuncia de irregularidades en licitación de uniformes PNC. http://www.probidad-sv.org/docs/2002/019.html

48. PROBIDAD. Resumen Anticorrupción del 16 al 22 de enero de 2003. http://www.probidad-sv.org/resumenes/2003/0222.html

49. Creative Associates International. Code of Ethics and Office Government Ethics. Final Report. July 6 – December 31, 2001. http://www.dec.org/pdf_docs/PDABX288.pdf

50. La República. Acusan a Fujimori de poseer más de US$ 207 millones en bancos de Europa. 02 de mayo de 2003.

51. AgenciaPeru.com. Caso del Tren Eléctrico todavía no ha prescrito según la Corte Suprema. Mayo de 2001.

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