Colombia

Corrupción Judicial en Cartagena


William Dau
cchonest@uolpremium.net.co
Abogado, Director Ejecutivo de la
Corporación Cartagena Honesta


Cuando el nivel de impunidad en un país supera el 90% (el 10% restante corresponde a gente pobre y sin influencia a quienes finalmente se les aplican las normas de derecho con todo el peso y rigor que exije la ley), es indicativo que los Jueces y Fiscales son los responsables de permitir los escandalosos niveles de corrupción pública. Es así como la corrupción que se presenta en el ámbito judicial, constituye la columna vertebral del fenómeno de la corrupción total. Solo cuando los corruptos sean enviados a la cárcel y el dinero sea recuperado para las arcas del Estado, es que podrá comenzar la verdadera lucha contra la corrupción. Hasta ahora las “acciones” del movimiento mundial anticorrupción pocas veces han resultado ser más que simples “palabras” y muy buenas intenciones.

Hemos elaborado una muestra representativa, basada en nuestra experiencia propia como entidad dedicada a la lucha decidida contra este flaglelo deteriorante de la democracia y en general del desarrollo sostenible de las regiones, con una sana y objetiva visión contenida en documento al cual hemos denominado “CORRUPCION JUDICIAL en Cartagena”, Colombia, el cual esperamos sea conocido en su justa dimensión no solo dentro de nuestra Nación, sino igualmente en el concierto internacional, a fin de presentar una radiografía de la elemental forma de aplicación de justicia en nuestro país, germén primordial de las difíciles circunstancias sociales, económicas, administrativas y financieras que padece hoy en día la Nación.

Este documento es producto de seis años de experiencia combatiendo la corrupción “en las trincheras”, primero como abogados independientes y luego con la CORPORACION CARTAGENA HONESTA – Veeduría Ciudadana Contra la Corrupción. En las trincheras investigamos y denunciamos, iniciamos procesos penales contra personas con nombres propios, con sumas de dineros apropiadas, con números de contratos y sus valores exactos, con explicaciones detalladas de los “modus operandi” utilizados, donde éstos nos amenazan con la fuerza bruta y respondemos que algún día pronto llegarán aliados grandes y poderosos para ayudar a nuestra afligida sociedad civil que ya perdió su capacidad de defenderse.

Así mismo, en este documento verán el real y crudo mundo de la Rama Judicial en Cartagena y Colombia, en oposición a la imagen de valerosos justicieros que aparentan ante el país y el mundo. Narramos caso tras caso de corrupción judicial en esta ciudad (que podría igualmente ser casi cualquier otra ciudad de Colombia o América Latina) hasta el punto que a un Europeo o Norteamericano le costaría trabajo creer que todo sea cierto. ¡Es que Macondo sí existe, se llama Cartagena, y tengan la certeza que aquí la realidad supera a la ficción.

Los casos que hemos desarrollado en el documento navegan entre otros, desde la órbita de protección y el código de silencio que impera y existe en el encargo de la función pública de administrar justicia donde los procesos que se inician en contra funcionarios judiciales nunca avanzan y – de hacerlo – se fallan a favor evidente del funcionario y en detrimento específico de la ley, permitiendo de esta manera que funcionarios judiciales amplia y contundentemente cuestionados, legalmente sigan administrando justicia en nombre de la “República de Colombia”, hasta la permeabilización política de las más altas esferas del poder judicial que crea el círculo vicioso que imposibilita aplicar la ley con toda su fuerza a sus pares, todo ello matizado con la grave e inadmisible negativa de dichas autoridades de proporcionar información pública a la ciudadanía en general, con el objeto de evitar el control social a la gestión pública de dichos funcionarios, actividad irregular que finalmente queda oculta en una inexpugnable y protectora coraza frente a la cual poco puede hacer la ciudadanía.

Esperamos entonces que del contenido del mismo, pueda iniciarse el entendimiento de nuestras propias circunstancias y condiciones y las razones por las cuales el flaglelo de la corrupción ha hecho tan profundo e irreversible daño en el desarrollo de muchas naciones incluídas, principalmente, las de este hemisferio.

Anticorruptivamente,

WILLIAM DAU
Director Ejecutivo





Cartagena, abril 18 de 2002
CH-085.02

Señores Miembros del
COMITE INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL EN CARTAGENA

FISCALIA SECCIONAL DE CARTAGENA
Doctor JAIME CUESTA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR
Doctora ELVIRA PACHECO

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOLIVAR
Doctor EDUARDO CAMACHO

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOLIVAR
Doctor NARCISO CASTRO

Ref.: CORRUPCION JUDICIAL EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, REPUBLICA DE COLOMBIA


“Nuestra lucha será larga y sostenida. No se obtendrá la victoria fácilmente y, de muchas maneras, será eterna. Los corruptos entre nosotros siempre tratarán de pervertir el bienestar de nuestras sociedades e instituciones. Nuestro compromiso es, por tanto, tan largo como decidido.”
DECLARACION FINAL DE LA IX CONFERENCIA INTERNACIONAL ANTI-CORRUPCION


El día 5 de febrero del presente año, la Fundación Cívico-Social pro Cartagena – FUNCICAR, realizó la sexta entrega anual del premio “Pórtate Bien con Cartagena”. FUNCICAR es una organización no gubernamental ampliamente conocida en Cartagena y Colombia por su honesta y transparente trayectoria, habiendo sido uno de sus primeros Directores Ejecutivos, el Doctor Bernard Gilchrist, quien luego nombrado para dirigir el Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción.

El premio “Pórtate Bien con Cartagena” es otorgado en cuatro categorías, a saber:

a) Mejor Dirigente Cívico en Cartagena;

b) Mejor Organización Cívica (que la Corporación Cartagena Honesta tuvo la distinción de recibir este año);

c) Mejor Funcionario Público; y

d) Mejor Funcionario de la Rama Judicial.

Esa noche, por primera vez en seis años, FUNCICAR declaró desierto un premio – el del “Mejor Funcionario de la Rama Judicial”. Estando el actual Director Ejecutivo de FUNCICAR, Dr. Augusto Lemaitre, explicando que el motivo de tal determinación era la continuada sucesión de escándalos conocidos en la rama judicial el año pasado, se levantó el Director Seccional de Fiscalías, Doctor Jaime Cuesta, a protestar tal decisión, afirmando que es una infamia mancillar el honor de los diferentes órganos judiciales que operan en Cartagena por unos pocos casos aislados, inmediatamente procediendo a abandonar el recinto donde se llevaba a cabo el evento.

En los días que siguieron, representantes de la rama judicial en Cartagena contestaron públicamente la presunta afrenta de FUNCICAR. Primero se conoció carta de ASONAL Judicial (la Asociación de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial), y luego carta suscrita por Ustedes en su condición de miembros del “Comité Interinstitucional de la Rama Judicial”.

Por haber sido nuestra veeduría ciudadana contra la corrupción distinguida con el premio de FUNCICAR, consideramos prudente en ese momento mantenernos al margen de la polémica entre ellos y Ustedes. Pero por tratarse en este preciso evento de defender el derecho básico de Imperio de Ley (“Rule of Law”) que tiene toda sociedad, a que los encargados de hacer cumplir la ley en efecto lo hagan, la Corporación Cartagena Honesta finalmente decidió iniciar una lucha frontal en procura de poder, en el menor tiempo posible, lograr una transparencia total en la rama judicial de Cartagena, que permita poner a esta ciudad como ejemplo ante el resto de la sociedad civil en Colombia, estableciendo que sí es posible combatir exitosamente la corrupción. Solo cuando los jueces y fiscales envíen a los corruptos a la cárcel y les quiten el dinero ilícitamente apropiado, es que comenzará a ganarse la batalla contra la corrupción.

Sostengo, que no es válida la posición asumida por Ustedes en el sentido que por unos pocos casos aislados, FUNCICAR pretende estigmatizar la honorabilidad de las instituciones que ustedes representan. No se trata de unos pocos casos aislados sino de un grave problema institucional.

Para resaltar que no es solo FUNCICAR, sino la gran mayoría de miembros de la sociedad civil, quienes consideramos aflictivo y antipatriótico el actuar de la Rama Judicial del Poder Público, a continuación cito apartes de artículos publicados en el periódico El Tiempo (febrero 24 y 26 de 2002) referentes a una encuesta realizada por el Banco Mundial en Colombia:

Otra ‘rajada’ en la encuesta fue la justicia, porque sigue siendo sólo para los de ruana: cuando se les preguntó a los encuestados si las leyes se aplican por igual a ricos y pobres, el 70 por ciento respondió con un no rotundo. El 48 por ciento de los encuestados dijo también que la justicia no le merece confianza y el 64 por ciento, que no es ajena a las presiones políticas.

La rama judicial aparece como el epicentro de la corrupción con una abrumadora percepción asociada con la impunidad, la baja calidad de la administración de justicia, su dilación, su ineficiencia y su selectividad. El 74 por ciento de los usuarios consideran muy frecuente el pago de sobornos en la justicia. Esto plantea una prioridad en la agenda pública de los colombianos.

La realidad expuesta a lo largo de este documento pugna frontalmente con lo afirmado por ustedes en el punto # 5 de la carta abierta que enviaron a Funcicar (según publicación en El Universal de febrero 10/02), que reza:

5. Fiel a su elevada misión, la Rama Judicial en el departamento de Bolívar rechaza de manera categórica y enérgica la descalificación generalizada y totalizante de que ha sido objeto en forma arbitraria, ligera, irresponsable ‘por la operatividad y transparencia’ que se le achaca con fundamento en hechos aislados a los que se vincula a algunos de sus servidores sobre los cuales las autoridades competentes aún no han proferido fallo definitivo de responsabilidad o inocencia.

No corresponde a la realidad esta altiva e infundada reacción tendiente a defender a los responsables de tantas irregularidades, sus propios compañeros de la Rama Judicial, resaltando que sobre estos “las autoridades competentes aún no han proferido fallo definitivo de responsabilidad o inocencia.” Ahí precisamente es donde radica el problema – en que ustedes (la rama judicial) – incurren cuando se trata de aplicación de la ley:

Casi nunca cumplen los términos legales para resolver los procesos pero, aplicando la “ley del embudo”, exigen que los demás sí cumplamos los términos legales. A título de ejemplo, cuando un fiscal emite una resolución en algún proceso, si yo la quiero apelar debo obligatoriamente hacerlo en el término de 4 días, de lo contrario pierdo para siempre la oportunidad de hacerlo. Una vez presentado el respectivo documento de apelación, debo hacer visitas semanales o quincenales durante varios años, sonriendo y muy comedidamente rogando que le den la oportunidad a nuestro proceso. Ilustro con un típico ejemplo el incumplimiento de términos por funcionarios judiciales. Mirémoslo cronológicamente:

1.- Septiembre 17 de 1996: Presenté ante la Fiscalía Delegada Ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de esta ciudad, denuncia penal contra la entonces Fiscal 29 de la Unidad de Delitos Contra el Patrimonio Económico (UPE), Dra. Elvira Ortiz Ponce. A partir de ese momento la Fiscalía debía llamar a rendir declaración libre a la denunciada y luego decidir si había suficiente mérito para iniciar investigación formal, o si por el contrario debía archivarse el proceso por falta de pruebas, todo dentro del término legal de dos (2) meses, o sea, a Noviembre 17 de 1996.

En lugar de unas pocas semanas, tardaron 12 meses para recibirle versión libre a la Fiscal Elvira Ortiz, y 22 meses (en lugar de 2 meses) hasta cuando finalmente ordenaron archivar el proceso. Afortunadamente esa decisión fue luego revocada por la Fiscalía Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia.

2.- Septiembre 16 de 1997: El Fiscal escuchó en versión libre a la Dra. Elvira Ortiz.

3.- Julio 23 de 1998: El Fiscal se negó a abrir investigación, ordenando archivar el proceso por falta de pruebas (dictó Resolución Inhibitoria).

4.- Octubre 21 de 1998: La Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia resolvió nuestra apelación, ordenando revocar la orden de archivo y en su lugar abrir investigación formal (instrucción) contra la Fiscal Elvira Ortiz por los delitos de Prevaricato por Acción y Prevaricato por Omisión. Es procedente reconocer que en este caso particular sí hubo celeridad por parte de la Fiscalía en Bogotá. Es así como 25 meses después de instaurada la denuncia se devuelve el expediente a Cartagena para finalmente iniciar la etapa investigativa.

A partir de este momento, la ley establece como máximo término legal de 18 meses a la Fiscalía para resolver el caso, ya sea dictando una Resolución de Acusación o una Resolución de Preclusión, o sea, hasta Abril 21 de 2000. Hasta el día de hoy han transcurrido 42 meses sin que aún se resuelva el caso ante la Fiscalía, corriendo en nuestra contra el término de prescripción de la acción.

5.- Octubre 15 de 1999: Al regresar el expediente a Cartagena la Fiscalía debía escuchar en indagatoria a la denunciada, lo cual finalmente terminó de hacer un año después.

A partir de ese momento, la Fiscalía debía resolver la situación jurídica de la Dra. Elvira Ortiz en el término legal de diez (10) días hábiles. Transcurrieron más de dos (2) años antes de cumplir esta obligación.

6.- Enero 8 de 2002: La Fiscalía definió la situación jurídica de la Dra. Elvira Ortiz, ordenando su detención preventiva pero con beneficio de libertad provisional. Esto se logró, gracias al hecho que el Fiscal que actualmente conoce la investigación y dictó la medida en contra de la Exfiscal, es un funcionario ajeno a la actividad jurídica de la ciudad y, por ende, ajeno a los intereses de los funcionarios locales.

El expediente se encuentra actualmente al despacho del Fiscal para resolver. Claro está, que todavía falta el proceso de apelación de esta resolución ante la Fiscalía en Bogotá.

Desde su inicio en septiembre de 1996 este proceso ha pasado por las manos de cinco (5) fiscales diferentes. Como contraposición a estos eventos, la Fiscal Elvira Ortiz continuó “impartiendo justicia” hasta cuando finalmente se jubiló.

Cuando finalmente resuelven sobre la responsabilidad o inocencia de los funcionarios públicos, la casi totalidad terminan absueltos en tan alto porcentaje que genera entre la sociedad civil la comprensible sospecha que existe un gravísimo problema de corrupción al interior de los órganos judiciales.

Tal como adelante se continúa demostrando, ejemplo tras ejemplo, en la Rama Judicial de Cartagena se aplica la vieja máxima de “entre bomberos no se pisan las mangueras”.

* * * * *

Es perfectamente comprensible que, al existir posible ambigüedad en la interpretación de la ley, un funcionario judicial se equivoque en su decisión.

Pero constituye delito de Prevaricato el hecho de haber proferido una resolución judicial manifiestamente contraria a la ley, no un juez, sino los cuatro (4) Magistrados que en Diciembre de 2000 constituían el Tribunal Administrativo de Bolívar, con aparente motivación política en lugar de jurídica, al seleccionar un candidato a formar parte de la terna de la cual la Asamblea de Bolívar elegiría el nuevo Contralor Departamental de Bolívar.

Eran Magistrados los Doctores:

- Norah Jiménez Méndez
- Olga Salvador de Vergel
- Elvira Pacheco Ortiz
- Alvaro Angulo Bossa

Para la conformación de la terna de candidatos al cargo de Contralor Departamental, el Tribunal Superior de Distrito Judicial selecciona dos (2) candidatos y el Tribunal Administrativo selecciona el tercero restante. Ambos Tribunales realizan concursos de méritos para determinar quiénes serán seleccionados. Es así como en la evaluación realizada por el Tribunal Administrativo, ganó el Doctor FLORENTINO RICO CALVANO con 78 puntos, seguido por el Doctor JUAN MARTINEZ PETRO con 73 puntos.

En razón a que solo quien obtuviera el puntaje más alto conformaría parte de la terna, JUAN MARTINEZ PETRO interpuso Recurso de Reposición ante el mismo Tribunal Administrativo, el cual fue resuelto mediante providencia de diciembre 13 de 2000, quedando la evaluación final en JUAN MARTINEZ PETRO con 82 puntos y FLORENTINO RICO CALVANO con 78 puntos. Basta con leer los fundamentos expuestos por el Tribunal con el fin de aumentarle nueve (9) puntos al Señor MARTINEZ, para concluir que con abierto dolo incurrieron en el delito de Prevaricato. Veamos entonces de donde salieron los nueve (9) puntos adicionales:

Dos (2) puntos adicionales por publicación de una obra que inicialmente no le habían acreditado, titulada “Estrategia para desarrollar una Auditoría Integral”, la cual Martínez Petro entregó como prueba de su autoría.

Esta “obra” entregada por el señor Martínez Petro al Tribunal es en realidad apenas uno de tantos artículos en una revista interna de la Contraloría General de la República, lugar donde antes había laborado el señor Juan Martínez. El artículo tiene doce (12) páginas de extensión, y comienza diciendo los nombres de trece (13) personas que participaron en su elaboración, siendo Juan Martínez Petro uno de los 13 autores. A pesar de salir a un promedio de menos de una (1) página por cada autor del artículo “Estrategias para desarrollar una Auditoría Integral”, el Tribunal Administrativo, teniendo el artículo a la vista, decidió otorgarle dos (2) puntos más a Juan Martínez por la “publicación” de esta “obra”.

Dos (2) puntos adicionales por publicación de otra obra que inicialmente no le habían acreditado, consistente en un “Proyecto de Ley sobre Revisoría Fiscal”.

Resulta que cuando el señor Juan Martínez era funcionario de la Contraloría General de la República, le asignaron conformar parte del “COMITE PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE LEY SOBRE REVISORIA FISCAL”, dirigido por otra entidad oficial (Superintendencia de Sociedades), siendo Martínez Petro apenas una (1) de cincuenta y tres (53) personas que lo integraron. El Tribunal le concedió los dos (2) puntos, dándole así igual valor que a cada una de las obras (que sí son “obras”) de Florentino Calvo.

La desfachatez del Tribunal al reconocer los cuatro (4) puntos adicionales por acreditación de dos (2) “obras” adicionales, se hace aún más manifiesta al disculparse por no haberlas acreditado al Sr. Martínez desde un principio en lugar de “pasando por alto por un descuido involuntario las otras publicaciones de su autoría ...”.

Y hay más. La “obra” que el Tribunal Administrativo le valió por dos (2) puntos en la evaluación inicial al Sr. Martínez Petro, titulada “La oportunidad en el Proceso de Auditoría”, tampoco merecía dar puntaje alguno. Esta “obra”, que también estuvo a la vista de los señores Magistrados, tenía una extensión total de apenas cuatro (4) páginas, de las cuales una página y media estaban copadas con dos cuadros sinópticos.

Con los cuatro (4) puntos adicionales que el Tribunal regaló al señor Martínez Petro por supuestas publicaciones de obras, este apenas llegaba a 78 puntos frente a los 79 puntos del Señor Rico Calvano. Pero contrario a lo que lo que la lógica y el sentido común estilarían (de acuerdo con las normas de derecho vigentes), el Tribunal Administrativo de Bolívar fue tan poderoso, que pudo hacer variar en forma ostensiblemente contraria a la ley, la puntación que en sanidad y justicia merecía el Sr. Martínez Petro, sin que nadie se le hubiere enfrentado por ello. Vendrían otros cinco (5) puntos más.

Cinco (5) puntos adicionales por haber realizado el Sr. Juan Martínez Petro un Doctorado (PhD).

En realidad no cursó el Sr. Martínez un programa de Doctorado sino que, siendo Contador Público, estudió Derecho por las noches y así adquirió una segunda carrera profesional. En su evaluación inicial el Tribunal le había valido esta segunda carrera profesional como un Postgrado, reconociéndole cinco (5) puntos por ello, adicionándole al resolver el recurso de reposición interpuesto por el interesado, otros cinco (5) puntos al equipararlo con un Doctorado, el cual otorgaba un total de diez (10) puntos. Esta asimilación simple y llanamente no es válida legal ni doctrinalmente.

* * * * *

Es un caso aislado que la ex Juez 1ª Penal Municipal de Cartagena, Doctora Beatriz Rivero Martínez, haya sido denunciada penalmente por el Director de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) en relación con una sentencia de tutela que ordenó devolver a favor de unos contrabandistas un cargamento de mercancías que habían sido decomisadas.

Pero sí es un problema institucional cuando:

0 Se permitió a la Juez Rivero Martínez continuar administrando justicia en nombre de la República de Colombia durante tanto tiempo, siendo que al momento de fallar la tutela en contra de la DIAN, ya cursaban en su contra los siguientes trece (13) procesos penales en la Fiscalía Seccional de Cartagena:

Fiscalía 1 Delegada ante el Tribunal Superior:

Radicado No. 50166 – Prevaricato
Radicado No. 64129 – Prevaricato
Radicado No. 61051 – Prevaricato

Fiscalía 2ª Delegada ante el Tribunal Superior:

Radicado No. 50166 – Prevaricato
Radicado No. 64129 – Prevaricato
Radicado No. 61051 – Prevaricato
Radicado No. 500 – Prevaricato
Radicado No. 564 – Prevaricato

Fiscalía 3ª Delegada ante el Tribunal Superior

Radicado No. 596 – Prevaricato
Radicado No. 49045 – Prevaricato
Radicado No. 50164 – Prevaricato
Radicado No. 63928 – Prevaricato
Radicado No. 47595 – Prevaricato

Fiscalía 4ª Delegada ante el Tribunal Superior

Radicado No. 572 – Prevaricato
Radicado No. 632 – Prevaricato
Radicado No. 63473 – Prevaricato


En adición a estos 13 procesos penales que cursan en contra de la Juez Beatriz Rivero en la Fiscalía Seccional de Cartagena, tiene otros dos (2) procesos más ante la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía en la ciudad de Bogotá, en los cuales fue denunciada por la Contraloría Departamental de Bolívar.

De no haber sido porque un “pesado” como el Director de la DIAN tomó cartas en el asunto, es muy posible que la Doctora Rivero estuviera hasta el día de hoy despachando como Juez Primera Penal Municipal de esta ciudad.

No satisfechos con realizar una manifestación pública en la cual exigieron la liberación de su compañera, estas mismas personas pretendieron luego poner en entredicho a la DIAN, al cuestionar la existencia de la mercancía de contrabando objeto de la tutela fallada por la Juez Rivero Martínez. A continuación algunos apartes de un artículo publicado en El Universal de febrero 7 de 2001:

El caso de la juez Primero Penal Municipal de Cartagena, Beatriz Rivero Martínez, cada día tiene un nuevo ingrediente.

Ahora son algunos abogados litigantes apoyados por algunos jueces que desean conocer si aun existe la mercancía decomisada por la DIAN, valorada en unos $14 mil millones, cuya orden de devolución fue dada por la juez a través de una tutela.

...El interrogante de los profesionales del derecho se encuentra escrito en decenas de comunicados dispersos por todo el Centro de la ciudad.

Los litigantes señalan en sus murales que una providencia judicial merece ser respetada porque así lo exigen los principios de acierto y legalidad.

...Tanto la Asociación de Empleados y Funcionarios de la Rama Judicial de Cartagena, Asonal, como la Asociación Nacional de Abogados Litigantes, Andal, consideran que la juez ha sido y será una funcionaria honesta que ha demostrado (sic) con el carácter de la Ley y no de los intereses de grupos económicos y financieros del país.”

Dos (2) días después, el mismo periódico publicó una foto del contrabando, acompañada de un artículo titulado “La DIAN mostró la mercancía decomisada”.

La Fiscalía finalmente le dictó Resolución de Acusación por el delito de Prevaricato, en este proceso.

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Sería un caso aislado que el Juez Civil de Circuito de San Andrés, Dr. Oscar Cely Fonseca, fuese premiado por sus superiores en el Tribunal como “Mejor Juez del Año” a pesar de tener un proceso penal en su contra.

Pero es un problema institucional cuando se entrega este premio, que consiste en un año de licencia remunerada y estudios pagos para realizar una especialización, al Juez Civil del Circuito que presta servicios a la comunidad de San Andrés, siendo que cursan los siguientes diez (10) procesos penales en su contra en la Fiscalía Seccional de Cartagena.

Fiscalía 1 Delegada ante el Tribunal Superior:

Radicado No. 59229 - Prevaricato
Radicado No. 58938 – Prevaricato
Radicado No. 55313 - Prevaricato

Fiscalía 2ª Delegada ante el Tribunal Superior:

Radicado No. 645 – Prevaricato
Radicado No. 59226 – Prevaricato
Radicado No. 55120 - Prevaricato

Fiscalía 3ª Delegada ante el Tribunal Superior:

Radicado No. 56608 – Prevaricato
Radicado No. 64128 - Prevaricato

Fiscalía 4ª Delegada ante el Tribunal Superior:

Radicado No. 59067 – Prevaricato
Radicado No. 36566 - Prevaricato


Desconocemos cuantos procesos disciplinarios contra el Juez Cely Fonseca fueron iniciados por el Consejo Seccional de la Judicatura.

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Es muy normal que algunos funcionarios judiciales sean “injustamente denunciados” de haber cometido acciones por fuera de la ley por usuarios del servicio público de administración de justicia cuyas pretensiones jurídicas no fueron resueltas a su favor.

Pero existe un grave problema institucional cuando, en la solo Fiscalía Seccional de Cartagena, existen proceses penales abiertos contra ciento catorce (114) funcionarios judiciales, muchos de los cuales (47) tienen múltiples denuncias. Según información suministrada por la misma Fiscalía (lástima que con posterioridad decidieron no continuar suministrándonos este tipo de información, logrando en efecto encubrir corrupción al interior de la entidad), a enero de 2001, en la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Cartagena, se encontraban abiertos procesos penales contra los siguientes funcionarios judiciales (incluye también a la Procuraduría):

Funcionario

# Denuncias

Abdala Gutiérrez, Nayib
Alario, Mercedes
Alvarez Barrios, Alfredo
Amaris de Toloza, María Antonia
Ardila Medina, Luis Román
Arévalo Baños, Ramón
Arrieta Roncallo, Janeth
Badel Machado, Adelaida
Barreto Pérez, Carlos
Barreto, Luz Stella
Barrios Salguedo, Diana
Bettín Sierra, Alfredo
Buelvas Torres, Eduardo
Bueno Bustos, Mercedes
Caballero Amador, Evelyn
Cabarcas Cabarcas, Franklin
Cabrales Ardila, Romualdo
Camargo de Avila, Demóstenes
Cantillo Hernández, Norma de la Paz
Caraballo Casab, William
Castro Yanes, Narciso
Cely Fonseca, Oscar
Chalela Romano, Zoraida
Coley Nieto, Diego
Combat Fonseca, Gabriel
Consuegra Solórzano, Aleyda
Cristancho Cristancho, Mario
De Avila Fernández, José Camilo
De Avila Chamorro, Libardo
De la Ossa Sierra, Ibeth
De León, Carlos Hugo
Del Río Polo, Roberto
Díaz Villareal, Giovanni
Díaz Algarín, Tito
Donado Arellano, Luis
Durán Cubillos, Angela
Echeverría Esquivel, Mario
Espitaleto Araújo, Ernesto
Esquivel de Sánchez, Olga
Fernández Atencio, Antonio
Fernández de Osorio, Inés
Florez Torres, Ramiro
Flórez Torres, Hermen
Fuentes Toscano, Dairo José
Fuentes Barraza, Víctor Hugo
García Muñoz, Angel Genaro
García Dickens, Blanca
García Castilla, Jesús
Gil Barros, Avis Enoth
González Patrón, Carmen
González Roa, Julián
Hernández Herrera, Carmen
Herrera Castilla, Tarcisio
Hincapié Moncada, Isaías
Lafaurie Guerrero, Ciria
Laitano Leal, Antonio
Lara Manjarres, Johnesy
Lozano Julio, Víctor
Machado López, Fredy
Márquez Riveros, Nurys
Martínez Durán, Gustavo
Martínez, Javier Francisco
Martínez Esquivia, Yenina
Marún, Yesmín
Massa Acosta, Muriel
Matson Ospino, Eduardo
Matson Ospino, William de Jesús
Meza Castillo, Gisella
Mora Insuasty, Socorro
Mattar Gaitán, Héctor
Núñez, Julio César
Ochoa Rodríguez, Amparo
Oliver Oliver, Juan Antonio
Ortiz Bonilla, Elías
Ortiz Ponce, Elvira
Pallares Pérez, Arnedys
Painchault Sampayo, José
Palis Turbay, Alfredo
Pascuales Hernández, Francisco
Paternina Alegue, William
Patrón Martínez, Clemente
Puello Quintana, Catalino
Puello Gutiérrez, Jafeth
Quiroz Mariano, Pablo
Revolledo de Romano, Luz Elena
Ricaurte Contreras, José
Rivero Martínez, Beatriz
Rodríguez Pérez, Moisés
Rodríguez Sehk, Pericles
Romano Ascanio, David
Romero Lozano, Adolfo Elías
Rosa Rosa, Gerardo
Rush Mejía, Doris
Saldana, Luis Antonio
Sánchez Atencio, Julio
Sánchez Morales, Margarita Rosa
Silva Cantillo, Alí
Silva Caraballo, Guillermo
Soto Pico, Gilberto
Tuñón Anaya, Eligio
Ulloque Toscano, Issa Rafael
Uribe Porreta, Luis
Uribe Areiza, Luis
Vahos, Patricia
Vargas Arnedo, José
Vega Toro, José Félix
Venegas Ahumada, Laura
Villalba Ordosgoitia, Katia
Yarzagaray Bandera, Manuel

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¿Con el temor que produce entre la gran mayoría de la población acudir a la justicia penal, realmente esperan que creamos que todos estos funcionarios judiciales fueron denunciados temerariamente por la ciudadanía?

Muchos de estos procesos penales contra funcionarios judiciales llevan años sin resolverse, y aparentemente sin importarle a la Fiscalía el hecho que muy posiblemente estén algunas personas al margen de la ley administrando justicia debido a la desidia para resolver estos casos, al igual que existan injustas imputaciones en contra de algunos de estos funcionarios y que no se hayan aclarado oportunamente. Por sanidad de la administración de justicia, ya sea para condenar o absolver, los mismos funcionarios jurisdiccionales deben ser celeros en la resolución de estos casos.

Para finalizar este punto, es importante aclarar que la información aquí contenida solo se refiere a los procesos que se encontraban abiertos a esa fecha, no incluye los procesos en que anteriormente habían sido absueltos, o que posteriormente hubiesen sido cerrados.

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Sería un caso aislado que algún fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública fuera “bastante benévolo” juzgando actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos.

Pero es institucional cuando las nueve fiscalías que componen la Unidad de Delitos contra la Administración Pública (UAP) sistemáticamente absuelven (mediante Resolución Inhibitoria o Resolución de Preclusión) a la casi totalidad de funcionarios públicos que la sociedad civil conoce como personas al margen de la ley. En una ciudad donde 3 de cada 4 habitantes vive en la “pobreza absoluta” (término legalmente definido), los fiscales y jueces parecen ser son los únicos que no saben quienes son los responsables de tanta corrupción, olvidando que tienen tras de sí, en evidente ventaja sobre cualquier otro ciudadano, el apoyo y las herramientas del Estado para llevar las investigaciones necesarias hasta “sus últimas consecuencias”.

En la UAP de la Fiscalía Seccional de Cartagena se absolvieron a los acusados en 120 procesos entre enero 1 de 1999 y septiembre 30 de 2001. Tal como se ve a continuación, muchas personas fueron absueltas en más de un proceso. No conocemos la cifra de funcionarios contra quienes la Fiscalía sí dictó Resolución de Acusación, pero los invito a que demuestren que alcanzaron siquiera los 20 casos. Es necesario hacer hincapié en que la ciudadanía puede proporcionar una información inicial sobre la comisión de un delito, pero es deber de la autoridad judicial hacer acopio de las pruebas necesarias para condenar o absolver.

PROCESOS UAP CON INHIBITORIO O PRECLUSION
A FAVOR DE FUNCIONARIOS PUBLICOS
Entre Enero 1, 1999 y Septiembre 30, 2001

No. Fiscalía UAP

Fis
3

Fis
13

Fis
14

Fis
16

Fis
17

Fis
18

Fis
19

Fis
40

Fis
41

TOTAL

ALCALA PUELLO, ANTONIO VICTOR







X



1

ALCAZAR, CANDELARIO









X

1

ALVAREZ DE FRANCO, AMPARO






X




1

ARANGO VIANA, JAIME






X




1

ACOSTA RUIZ, ADOLFO











ARBELAEZ, RUDY EMINSA





X





1

ARDILA MATTOS, HORACIO






X




1

No. Fiscalía UAP

Fis
3

Fis
13

Fis
14

Fis
16

Fis
17

Fis
18

Fis
19

Fis
40

Fis
41

TOTAL

ARRAZOLA CARRASQUILLA, GUILLERMO









X

1

ARRIETA BELLO, ERASMO

X









1

AVENDAÑO REYES, REINALDO









X

1

AYALA DOVALES, MARIA RAQUEL







X



1

BALOCO, BENJAMIN







X



1

BARRIOS OSORIO, DIONISIO RAFAEL





X





1

BECERRA ALVAREZ, IGNACIO






X


X


2

BENEDETTI DE VELEZ, GINA

XX









2

BERMUDEZ VILLADIEGO, ARGEMIRO




X






1

TORRES MARRUGO, MIGUEL











BOSSIO, JOSE HILARIO









X

1

BUITRAGO ALARCON, HUMBERTO







X



1

BUSTILLO, DOMINGO CLAVER









X

1

CABARCAS PUELLO, CELEDONIO







XX



2

CARRASCAL LUNA, LUIS



X







1

CASERES RINCON, HECTOR GERARDO





X





1

CASTILLO BABILONIA, ALAIN









X

1

CASTILLO SANTANA, CARLOS





XX





2

CORTINA, ANTONIO DE JESÚS





X





1

CURI VERGARA, NICOLAS

X

X



X




X

4

DAGER LEQUERICA, DAVID y otros



X







1

DEL CASTILLO OLAYA, LAZARO





X





1

DEL RIO CABEZA, WILLIAM






X




1

DEL TORO, JOSE MARIA





X





1

DIAZGRANADOS MARTINEZ, ROBERTO



X







1

GARCIA ROMERO, GABRIEL








X


1

GONZALEZ VERGARA, DANIEL





X





1

GONZALEZ GARCIA, IVAN





X





1

GUARDO, GUSTAVO RAFAEL





X





1

GUERRA VARELA, ANTONIO

X









1

ESPINOSA FACIOLINCE, JAIME y otros


X








1

HERNANDEZ, JOSE TRINIDAD





X





1

JASPE PRINS, AMALIA







X



1

LOPEZ FRANCO, ALEJANDRO






X




1

LORDUY, IVAN







X



1

MARRUGO, PEDRO








X


1

MARTELO, ALFREDO





X





1

MENDOZA OLIVO, CLAUDIO


X








1

MERCADO, JOSE





X





1

MARTINEZ GUERRERO, DAVID






X




1

MATSON CARBALLO, EDUARDO





X





1

MONTENEGRO, JUAN JOSE y otros







X



1

MONTERROZA, FRANCISCO TOMAS






X




1

MORENO, JAVIER JULIO











MARRUGO GARCIA, JOSE DE LA CRUZ











CASTILLO PEREZ, PATRICIA











MORENO BALLESTERO, RAMON



X







1

NARVAEZ, RAFAEL ENRIQUE








X


1

OLIVARES, WILFRIDO





X





1

OSORIO, ROMULO





X





1

TORRES, MIGUEL











OTERO SOTOMAYOR, GUILLERMO







X



1

OVIEDO, VICTOR





X





1

PAEZ AYUBI, ALEJANDRO



X







1

PAJARO LORE, ANTONIO


X




X




2

PAJARO SIMANCAS, JOSE LUIS




X






1

PANIZA RICARDO, GUILLERMO


X



X



X

XX

5

PAREJA BERMÚDEZ, NICOLAS









X

1

PEREIRA CABALLERO, PEDRITO TOMAS







X



1

PEREZ CHAIN, ANIBAL








XX


2

PEREZ BARRIOS, ATILANO SEGUNDO






X




1

DELGADO GONZALEZ, PEDRO JOSE y otros











POMARES BLANCO, ABEL ENRIQUE






X




1

PORTNOY, MAURICIO





X





1

No. Fiscalía UAP

Fis
3

Fis
13

Fis
14

Fis
16

Fis
17

Fis
18

Fis
19

Fis
40

Fis
41

TOTAL

PUELLO LOMBANA, JULIA






X




1

PUELLO ESPINOSA, TEOBALDO





X





1

LAMBIS GUTIERREZ, LUIS EDUARDO y otros











PUMAREJO RALES, ALBERTO y otros





X





1

REYES CARMONA, CESAR AUGUSTO









X

1

REYES, JOSE DE LOS SANTOS





X





1

ROA PATERNOSTRO, JOSE RAUL


XX




X




3

ROMERO, OSCAR y otros





X





1

ROSALES PADILLA, OSCAR









X

1

SANTOS, ADALGIZA ALFARO DE FERNÁNDEZ

XX






X



3

SEGOVIA BRID, ENRIQUE





X





1

SIERRA, LIBARDO





X





1

SIERRA MARTINEZ, NESTOR





X





1

SOLANO VASQUEZ, MARTHA MARINA






X




1

TANUS PARRA, JORGE ELIECER






X


X


2

PAJARO AVILA, HERNAN (2)











GUARDO TORRES, RAFAEL ENRIQUE











TINOCO TAMARA, FERNANDO




X







TINOCO DEL RIO, LUIS y otros





X





1

TORREGLOZA JARAMILLO, MARIBEL DE JESÚS






X




1

TORRES GARCIA, ALFONSO





X





1

TORRES TORRES, BENJAMIN







X



1

TORRES TORRES, OLMES

X

X




XXX




1

PONCE ARIAS, REYNEL GUILLERMO










5

TORRES PUELLO, SANTIAGO RAFAEL











TOVAR POLO, JORGE LUIS




X


X




2

TRUJILLO, GABRIEL ERNESTO





X





1

VAHOS GARCIA, PATRICIA






X




1

VARELA RAMIREZ, EFRAIN





XX

X




3

VEGA DE DIAZ, CLARA MARIA









X

1

VERGARA GALLO, OSWALDO

X


X







2

YANES RUIZ, JACINTO






X




1

TOTALES

9

8

7

5

32

22

16

11

10

120


* ” : Otra(s) persona(s) denunciada(s) dentro del mismo proceso que se sigue contra el funcionario cuyo nombre le antecede.

Fiscal 3 UAP: Dra. YESMIN MARUN : 9 Absoluciones
Fiscal 13 UAP: Dr. FRANCISCO PASCUALES : 8 Absoluciones
Fiscal 14 UAP: Dra. SOCORRO MORA : 7 Absoluciones
Fiscal 16 UAP: Dra. GLADYS GARCIA : 5 Absoluciones
Fiscal 17 UAP: Dr. GILBERTO SOTO : 32 Absoluciones
Fiscal 18 UAP: Dr. EDUARDO BUELVAS : 22 Absoluciones
Fiscal 19 UAP: Dr. ANTONIO LAITANO : 16 Absoluciones
Fiscal 40 UAP: Dr. FREDY MACHADO : 11 Absoluciones
Fiscal 41 UAP: Dr. MARIO CRISTANCHO : 10 Absoluciones

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(ESTE ES UN “BUEN” EJEMPLO DE LA MANERA EN QUE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES SE “AYUDAN” UNOS A OTROS)

Sería solo un caso aislado que despierta suspicacia el hecho que un Fiscal de Cartagena (Fiscal 40 UAP, Fredy Machado) hubiese precluido una investigación penal a favor de una persona apenas un mes antes de ser esa misma persona (Sr. Libardo Sierra) nombrada por el Fiscal General de la Nación como el nuevo Director Seccional del CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía) de Cartagena.

Pero sí constituyen un grave problema institucional las circunstancias que rodearon la Resolución de Preclusión emitida por el Fiscal Fredy Machado a favor del señor Libardo Sierra, incurriendo en el delito de Prevaricato (Artículo 413 Código Penal El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años …"), así como el posterior encubrimiento a nivel institucional de la misma Fiscalía, incluido hasta el Director Nacional de Fiscalías, Doctor Justo Pastor Rodríguez, para proteger así al Señor Libardo Sierra y al Fiscal Fredy Machado, como vemos a continuación:

1.- Pocos días antes de ser nombrado el Doctor Jaime Cuesta como Director Seccional de Fiscalías en Cartagena, se rumoraba que ese cargo sería para el señor Libardo Sierra, llegando incluso a ser objeto de felicitaciones por parte de sus amigos. Sabíamos que existía un proceso penal en contra de Sierra y supusimos que ese había sido el principal motivo por el cual no pudo ser nombrado como Director Seccional de Fiscalías.

2.- Mediante Resolución de fecha agosto 21 de 2001, el Fiscal 40 UAP, Dr. Fredy Machado, precluyó el Proceso No. 56742 a favor del señor Libardo Sierra, absolviéndolo del delito de “Fraude a Resolución Judicial”.

3.- Varias semanas después de la preclusión, el Fiscal General de la Nación, nombró al señor Libardo Sierra como nuevo Director Seccional del CTI en Cartagena.

4.- Sospechando que había algo raro detrás de la repentina y oportuna preclusión a favor del nuevo Director Seccional del CTI, esta veeduría ciudadana contra la corrupción solicitó copia del expediente para averiguar de qué se trataba la denuncia en contra del señor Libardo Sierra y revisar así la legalidad en la actuación de las partes.

Resumen del Proceso No.56742 contra Libardo Sierra:

Denunciante: Sra. Adalgiza Ramírez

Denunciados: Sres. Libardo Sierra y David Acuña

Delito: Fraude a Resolución Judicial

5.- Mediante Resolución de agosto 21 de 2001, el Fiscal 40 UAP, Doctor Fredy Machado, precluyó la investigación con el argumento que la denunciante había “desistido” de la denuncia.

En escuálida resolución del Fiscal Machado (13 frases en total, escritas cada una como párrafo independiente, y en este tamaño de letra, para lograr ocupar poco más de dos (2) páginas de extensión, justifica precluir a favor del señor Sierra con fundamento en las siguientes “consideraciones”:

Dentro del presente proceso la denunciante presentó un desistimiento en el que replanteaba los hechos denunciados y hacía ver que se trataba de un equívoco…En el presente caso, atendiendo el desistimiento de la querellante, se advierte abiertamente que se trató de un mal entendido …

(el subrayado es nuestro)

6.- Es “manifiestamente contrario a la ley” (y por ende constitutivo del delito de Prevaricato) la Resolución de Preclusión emitida por el Fiscal 40 UAP, por dos (2) muy grandes razones:

a) La denunciante, Adalgiza Ramírez, una señora de escasos recursos económicos, quien no tuvo dinero suficiente para poder contratar a un abogado que le asistiera, jamás desistió de la denuncia. El Fiscal 40 UAP ni siquiera la había citado a ratificarse de la denuncia, algo que siempre se acostumbra en los procesos penales. Salvo lo afirmado por el Fiscal Machado en la Resolución de Preclusión, no existe documento alguno en el expediente donde conste que la Sra. Adalgiza Ramírez desistió de la denuncia. Logramos hablar personalmente con la Sra. Adalgiza Ramírez, quien nos confirmó que es falso que ella haya desistido de la denuncia, y que después de haber instaurado la denuncia jamás fue citada a declarar ante la Fiscalía.

b) Aunque la denunciante hubiese querido desistir de la denuncia, la ley penal no permite desistir cuando el delito investigado es el de Fraude a Resolución Judicial. Los únicos delitos querellables (de los que se puede desistir) son los taxativamente señalados en el artículo 35 de Código de Procedimiento Penal, entre los cuales no se encuentra Fraude a Resolución Judicial. Por ser los delitos querellables de menor trascendencia para la sociedad que para las partes directamente involucradas (ejemplo, los delitos de injuria y calumnia), se permite el desistimiento. Para todos los demás delitos (como por ejemplo el Homicidio, la Estafa, el Prevaricato o el Fraude a Resolución Judicial), una vez abierta la investigación el Fiscal está obligado a investigar si hubo o no delito, aunque el mismo denunciante luego solicite que no se haga.

Es además institucional el problema cuando, en su afán porque nadie fuera de la Fiscalía conozca el escandaloso grado de impunidad y corrupción en que se ahoga esa institución, diversos funcionarios se prestaron para impedir que la Corporación Cartagena Honesta obtuviera las pruebas del presunto ilícito cometido por el Fiscal Machado. Así se le cubría entonces la espalda tanto al Fiscal 40 UAP, como al Director Seccional del CTI, e inclusive hasta al mismo Fiscal General de la Nación que nombró al Sr. Sierra. Es que definitivamente, “entre bomberos no se pisan las mangueras”. A continuación relato la odisea que fue tratar de conseguir copia completa del expediente del Proceso No. 56742 contra el señor Libardo Sierra:

a) Octubre 17/01: Enviamos Derecho de Petición al Director Seccional de Fiscalías, Doctor Jaime Cuesta, solicitando a nuestra costa copia completa del expediente en mención, que ya se hallaba precluido y archivado.

b) Noviembre 6/01: Respuesta del Fiscal Fredy Machado a nuestro Derecho de Petición, remitiéndonos copia de la denuncia (2 hojas) y de la Resolución de Preclusión (3 hojas) del Proceso 56742, acompañados del siguiente texto:

“Adjunto por medio del presente oficio, copia del proceso con Radicado No 56-742 solicitado por UD. mediante Derecho de Petición. Desde ya manifiesto que el original del presente asunto fue enviado a Bogotá a solicitud de la Dirección Nacional de Fiscalías mediante Resolución No. 019727 de Octubre 30 de 2001.” Favor nótese que el expediente fue remitido a Bogotá con posterioridad al hecho de haber recibido nuestro Derecho de Petición. Tampoco nos parece normal que el Derecho de Petición enviado al Director Seccional de Fiscalías solicitando copia del proceso que se llevó en la Fiscalía 40 UAP haya sido contestado por el mismo Fiscal Machado, cuando se supone que para esa fecha el expediente debía estar ya archivado en la Secretaría de la Coordinación de la UAP.

c) Diciembre 7/01: En vista que el Fiscal Machado no nos había suministrado toda la documentación completa, arguyendo que había remitido el expediente a Bogotá, pacientemente elevamos nuevo Derecho de Petición ante la Dirección Nacional de Fiscalías en Bogotá, explicando lo acaecido con el Fiscal Fredy Machado, para que nos expidiesen copia íntegra del expediente.

d) Diciembre 19/01: Respuesta del Director Nacional de Fiscalías, Doctor Justo Pastor Rodríguez. Mediante unos postulados incoherentes, informa que “Así las cosas, hemos dado traslado de su petición al Director Seccional de Fiscalías de Cartagena, a efectos que proceda de conformidad.” De esta manera regresamos a donde comenzamos. En Cartagena dicen que el expediente está en Bogotá, y en Bogotá dicen que el expediente está en Cartagena.

e) Enero 2/02: Respuesta enviada por el Fiscal Fredy Machado (nuevamente) al Derecho de Petición que le entregó el Director Seccional de Fiscalías, quien a su vez lo recibió del Director Nacional de Fiscalías. Afirma que las cinco (5) hojas que nos entregó anteriormente comprenden la totalidad del expediente. Insólito!!! Afirma Machado “debo decir que el expediente es muy limitado, se reduce a las piezas procesales entregadas”. De ser así, habría igualmente incurrido en conducta delictiva al no haber dado participación al representante del Ministerio Público como parte obligada en todo proceso penal. Igualmente debe haber decretado y practicado pruebas, inspecciones, citaciones, etc.

Utilizando el argumento de estar defendiendo el “honor” de los funcionarios públicos a quienes ellos encontraron inocentes, mediante la figura de “reserva del sumario”, en realidad lo que configura es una actitud encubridora institucionalizada en defensa de los funcionarios de la Fiscalía, en desmedro del derecho de control social a la gestión pública, y sobre todo del Imperio de Ley (“Rule of Law”).

Al momento de emitir este documento, estamos a la espera sobre si la Corte Constitucional decide revisar o no una tutela que instauramos en contra de la Fiscalía en procura de obtener acceso a información que debe ser pública. De no lograrlo, se pierde toda posibilidad de combatir efectivamente la corrupción en Colombia. Solo obteniendo probidad (aplicación correcta de la ley) en la rama judicial del poder público, es que se puede quebrar la espina dorsal a la corrupción. Es apenas lógico suponer que en un ambiente donde los fiscales y jueces no envían a los ladrones de cuello blanco a la cárcel, reina la impunidad, creando el clima propicio para corrupción administrativa masiva.

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Sería un caso aislado que el Fiscal General de la Nación, en uso de sus facultades discrecionales, declare insubsistente a uno de los cuatro Fiscales Delegados ante el Tribunal Superior. Estos cuatro fiscales son los de mayor jerarquía en el Departamento de Bolívar.

Pero es institucional cuando en espacio de pocos meses se declararon insubsistentes a dos (50%) de los cuatro Fiscales Delegados que conformaban la Unidad Ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial, tal como sucedió con los doctores Jorge Bonnet Locarno (Fiscal 2º Delegado) y Humberto Díaz Ochoa (Fiscal 3º Delegado). Cabe aclarar que, aunque actualmente existen cinco (5) Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior, la última solo fue creada a finales del año 2001.

Es también indicativo de un problema institucional, que a los dos (2) días de haber salido de la Fiscalía por haber sido declarado insubsistente, el Doctor Bonnet Locarno firmara un jugoso contrato con el Alcalde de Cartagena, Doctor Carlos Díaz, para representar al Distrito de Cartagena en asuntos penales ante la misma Fiscalía que lo acababa de declarar insubsistente, con honorarios mensuales de tres millones de pesos ($3.000.000). Al revisar el expediente que sobre este contrato reposa en la Alcaldía, encontramos los Informes de Gestión rendidos por el señor Exfiscal Jorge Bonnet. Sin conocer el detalle de la labor encomendada, no se puede determinar con precisión la responsabilidad otorgada al señor Exfiscal, pero de la lectura de los informes rendidos por el Doctor Bonnet a la Alcaldía, se nota fácilmente que la labor prestada es mínima en comparación con los honorarios devengados.

En cuanto al otro Exfiscal ante el Tribunal Superior que fue declarado insubsistente, Doctor Humberto Díaz Ochoa, vale la pena hacer mención de la actitud desafiante que asumió al ser desvinculado de la Fiscalía, mostrando abiertamente ante todos el nivel de influencia que aún tenía sobre los fiscales que componían la Unidad de Delitos contra la Administración Pública. En efecto, el Doctor Humberto Díaz visitaba casi a diario las instalaciones de la Fiscalía en esta ciudad, reuniéndose durante horas enteras con el entonces Jefe de la UAP, Dr. Eduardo Buelvas, así como con los Fiscales Yesmín Marún y Fredy Machado, tanto en horas hábiles como no-hábiles, cuando era de suponerse que los particulares no deberían estar en el edificio. Al enterarnos de la íntima amistad entre el Fiscal Eduardo Buelvas y el Fiscal Humberto Díaz comprendimos el por qué, a pesar de reiteradas solicitudes escritas para que diera impulso al proceso, el Doctor Humberto Díaz, Fiscal 3 Delegado ante el Tribunal Superior, dejó sin impulso el proceso contra el Fiscal Eduardo Buelvas por el delito de prevaricato, que el suscrito le instauró desde Noviembre 30 de 1999 hasta su salida de la Fiscalía el año pasado.

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Es un hecho aislado si en el transcurso de un año la Fiscalía declara insubsistentes a algunos funcionarios del CTI Seccional Cartagena.

Pero es institucional cuando, después de una larga e ininterrumpida serie de irregularidades cometidas por funcionarios del CTI, y cuya comisión siempre se mantenía en secreto al interior de la Fiscalía para evitar escándalos públicos, en un breve lapso se presentaron insubsistencias masivas en ese organismo.

¿Cuál será el verdadero motivo de la salida de tantos funcionarios en un breve período? Según la Fiscalía, se trata simplemente del ejercicio de la facultad discrecional que tiene la Fiscalía para declarar insubsistencias. Por otra parte, la Asociación de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial – ASONAL Judicial, emitió un “comunicado a la opinión pública”, en el cual ASONAL “Rechaza el despido masivo de veinticuatro (24) compañeros del Cuerpo Técnico de Investigación de esta seccional, ocurrido entre los meses de diciembre y enero bajo la argumentación de la facultad discrecional del nominador, Doctor LUIS CAMILO OSORIO, Fiscal General de la Nación.

Denunciamos ante la opinión pública, Directivos de la Fiscalía, Organizaciones Sindicales y medios de comunicación esta masacre violatoria de derechos constitucionales y legales así: ...”

Entre los casos de irregularidades ocurridas el año pasado y que involucran a funcionarios del CTI en Cartagena, mencionamos los siguientes:

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Es un caso aislado que el Pagador de la Fiscalía Seccional de Cartagena, Carlos Caicedo Saldaña, haya sido descubierto inflando la nómina a su favor y luego confesando y sentenciado a dos años y seis meses por el delito.

Pero es institucional cuando el entonces Fiscal Tercero Delegado ante el Tribunal Superior, Dr. Humberto Díaz Ochoa, intervino indebidamente para influenciar la decisión que debía adoptar la Fiscalía 41 UAP, a cargo del Fiscal Mario Cristancho, en el proceso contra el Sr. Carlos Caicedo. Este caso fue el escándalo destapado por la Revista CAMBIO en su edición No. 424 de agosto 6 de 2001, titulado “SI LA SAL SE CORROMPE”.

También es un problema institucional de la Fiscalía, que el mismo Fiscal Tercero Delegado ante el Tribunal fuese quien asumiera los gastos legales de la defensa del Sr. Carlos Caicedo. En efecto, procuró los oficios del abogado Dámaso Rodríguez para actuar como defensor del señor Caicedo. Este abogado, Dr. Dámaso Rodríguez, fue anteriormente funcionario de la misma Fiscalía Seccional de Cartagena, habiendo desempeñado el cargo de Técnico Auxiliar del mismo Fiscal Tercero Delegado ante el Tribunal Superior, Humberto Díaz Ochoa.

Es también institucional cuando el mismo Fiscal Tercero Delegado ante el Tribunal Superior, Dr. Humberto Díaz, conjuntamente con la Coordinadora de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico (UAP), Doctora Yaneth Arrieta, fueron quienes aportaron la suma de $7.000.000 que el Sr. Carlos Caicedo debía rembolsar a la Fiscalía para poder hacerse beneficiario de rebaja en la condena.

Además, es un problema institucional que la Auditora Interna de la Fiscalía, quien descubrió la nómina inflada, señora Xiomara María Vásquez, haya encontrado otras irregularidades pero que estas fueran calladas gracias a una eficaz intimidación. En declaraciones dadas al diario El Universal, el Exfiscal Humberto Díaz Ochoa, hace énfasis en que es falsa la afirmación de la Revista CAMBIO cuando dice que la auditora fue objeto de presiones. Lo que ignoraban tanto el Fiscal Humberto Díaz como la misma auditora Xiomara María Vásquez, es que en el CTI en Bogotá se encuentra una grabación en la cual la auditora, sollozando, le manifiesta al Fiscal 41 UAP, Mario Cristancho (quien entonces llevaba el caso contra del Sr. Carlos Caicedo), el gran temor que la embargaba y relata diferentes incidentes específicos de intimidación de los cuales era objeto al interior de la misma Fiscalía. ¿Qué ha hecho la Fiscalía al respecto? Absolutamente nada!

A raíz del escándalo que se dio cuando se conoció públicamente este caso, el hoy Exfiscal Humberto Díaz Ochoa hizo declaración ante un medio de comunicación, donde no solo reconocía su interés de ayudar a Carlos Caicedo en el proceso penal que le seguía la Fiscalía 41 UAP, sino que en efecto los miembros de la Rama Judicial anteponen la amistad para con sus compañeros por encima de su obligación de impartir justicia de manera objetiva e imparcial. Refiriéndose a una conversación que había tenido con la Técnica Asistente Fanny Cumplido, la técnica asistente del Fiscal 41 UAP, dijo Díaz:

... esencialmente para el asunto de Carlos. Iremos a ver o ... un compañero caído en desgracia. Tengan en cuenta el aspecto humano. Ya él perdió el puesto, está preso, en su casa, devolvió el dinero, pidió sentencia anticipada. Hombre, queremos ver en qué se le puede colaborar. Mire, es que eso es de lo más normal dentro de un gremio. Sí, que procuremos a ver, a hacer, menos gravosa la situación del compañero.

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Sería un caso aislado que la Dirección Nacional de Fiscalías reasignara algún proceso por delitos electorales a otra Fiscalía Seccional diferente a Cartagena en procura de evitar que el proceso sea objeto de presiones indebidas.

Pero es indicativo de un problema institucional el hecho que absolutamente todas las investigaciones por delitos electorales que cursaban ante la Fiscalía Seccional de Cartagena surgidas a raíz de las elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales y diputados en todo el país, realizadas en octubre del año 2000, fueron trasladadas a la Fiscalía Seccional de Cundinamarca. Consideramos acertada tal decisión de la Dirección Nacional de Fiscalías para el bien de nuestra comunidad, aunque se haya dejado en evidencia la poca credibilidad en la probidad de los fiscales de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública (UAP).

Es también un problema institucional el hecho que muchas de las personas denunciadas en razón de las elecciones del 2000 se postularon para cargos de Senadores y Representantes a la Cámara en las elecciones realizadas el día 10 del pasado mes de marzo, sin que la Fiscalía se haya pronunciado respecto de las presuntas “fechorías” cometidas por estas personas en las elecciones anteriores.

Entre estos procesos se encuentra una denuncia (Proceso No. S. 4950-F02) instaurada por la Corporción Cartagena Honesta contra el Exgobernador de Bolívar y entonces candidato a la Alcaldía de Cartagena, Miguel Navas, por compra masiva de votos. Este proceso fue reasignado, junto con los demás procesos electorales, a la Fiscalía Seccional de Cundinamarca, quedando radicado en la Fiscalía 2 UAP de esa seccional. Desafortunadamente el loable propósito del nivel central de la Fiscalía de proteger los procesos electorales de influencias locales al trasladarlos a otra región del país, crea un nuevo problema resultante de la fragilidad institucional de la Fiscalía – su incapacidad para manejar procesos a larga distancia. Con la esperanza que el proceso hubiera avanzado significativamente al estar alejado de influencias locales, solicitamos al Fiscal 2 UAP de Cundinamarca nos informara en qué estado se encontraba el proceso. En respuesta fechada 25 de febrero de 2002, el fiscal nos informó “que hasta la fecha en el proceso de la referencia no se han practicado pruebas, hasta tanto no se autorice el desplazamiento de un Fiscal a esa ciudad para la practica de las mismas.

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Es un caso aislado si un titular en la primera página del periódico informa que un funcionario de la fiscalía fue acusado de haber ilícitamente intervenido la línea telefónica a otra persona.

Pero es un problema institucional cuando:

  1. Quien públicamente denunció ante la prensa ser la víctima de la interceptación telefónica es el mismo Director Seccional de Fiscalías;

  2. A solicitud del Director Seccional de Fiscalías, TELECARTAGENA envió personal técnico a revisar sus teléfonos, sin encontrar evidencia de haber sido interceptados;

  3. Considerando el funcionario acusado que era falsa la acusación que hizo en su contra el Director Seccional de Fiscalías, procedió a denunciarlo penalmente;

  4. El funcionario falsamente acusado como responsable de la interceptación telefónica fue luego declarado insubsistente por la Fiscalía.

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Sería un caso sin trascendencia que el Juez 5º Penal del Circuito de Cartagena, Doctor PERICLES RODRIGUEZ, recientemente (Noviembre 6 de 2001) dictara sentencia absolutoria en favor de un Exalcalde de Cartagena (Sr. Gabriel Antonio García) quien fue acusado de corrupción en relación con un sonado caso para la construcción de unos paraderos de buses en diferentes sitios de la ciudad (conocido por todos como “el caso de los paraderos”). Este caso se encuentra actualmente en apelación ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena.

Pero genera justificada suspicacia la actuación de la persona en quien la sociedad y el Estado han deferido la delicada labor de impartir justicia, al tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1.- Numerosos abogados penalistas de esta ciudad se declaran impedidos para actuar en procesos frente al Juez Pericles Rodríguez, por motivo de grave enemistad, al haber tenido anteriormente serios problemas con él. Es tal el escozor que produce litigar ante el Juez Pericles Rodríguez, que en septiembre de 1999 se reunió un grupo de siete abogados penalistas para conjuntamente denunciarlo ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cartagena. Aún está abierto este proceso instaurado por los abogados Dayra Galvis, Juan Carlos Cabarcas, Manuel Martínez, Oswaldo Maturana, Jorge Urzola y Alvaro Salgado. Adicionalmente ha sido penalmente denunciado por varios de estos mismos abogados.

2.- Desde cuando existe el Consejo Seccional de la Judicatura en Cartagena (1994), al Juez Pericles Rodríguez se le han iniciado doce (12) procesos disciplinarios, incluyendo uno en el cual fue denunciado por el mismo Consejo Seccional de la Judicatura de Cartagena, otro por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, y otro más por la Procuraduría General de la Nación.

De los doce (12) procesos disciplinarios en su contra, el Consejo Seccional de la Judicatura absolvió a Pericles Rodríguez en cuatro (4) y permanecen abiertos los otros ocho (8) procesos. ¿No será un problema institucional que un Juez tan cuestionado continúe impartiendo “justicia” en nombre de la República de Colombia durante muchos años por el hecho que la autoridad responsable de sancionar sus malas actuaciones se abstenga de hacer su trabajo en el término celero que la ley ha estipulado para ello? ¿Será que así como absolvieron al Sr. Juez Rodríguez cuatro veces lo harán las restantes ocho? ¿Será que el Juez Pericles Rodríguez sí es un funcionario competente y honesto, y que todas las personas que lo han denunciado son unos temerarios?

3.- El caso de los paraderos fue muy sonado e investigado exhaustivamente en su momento por la sociedad civil. Este proceso se inició en 1994 a raíz del escándalo público que sobre el contrato de los paraderos destapó el periódico El Universal y la indignación que causó entre la ciudadanía. Pero es que con tantos escándalos de corrupción que se develan a diario, la gente rápidamente olvida escándalos pasados, aun por flagrantes que estos hayan sido.

La gran mayoría de Cartageneros señalamos al Exalcalde Gabriel Antonio García como la persona con mayor influencia sobre la política y contratación pública en esta ciudad. Entre los tantos ejemplos de conocimiento público comprueban la anterior afirmación, menciono el más sobresaliente:

Siendo el señor Gabriel García alcalde, se privatizó el terminal marítimo de Cartagena, mediante la constitución de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. (SPRC). El entonces Alcalde no ejerció la opción que tenía el Distrito de Cartagena de adquirir un porcentaje de las acciones en condiciones privilegiadas. En su lugar, por interpuesta persona, el mismo Alcalde adquirió acciones en la SPRC, las cuales le han producido un enriquecimiento ilícito de varios millones de dólares. Fue tal el descaro que, en la Primera Asamblea Ordinaria de Accionistas, realizada en marzo 23 de 1994, menos de tres (3) meses después de vencer su período como Alcalde, Gabriel Antonio García fue elegido como uno (1) de los cinco (5) miembros de la Junta Directiva de la SPRC.

¡Pero claro, si la rama judicial reiteradamente deja impunes tales actuaciones descaradas de funcionarios públicos!

En múltiples ocasiones el señor Gabriel Antonio García ha sido denunciado por diversas personas ante las autoridades penales, disciplinarias y fiscales, pero jamás, ni una sola vez, ha sido encontrado culpable. La casi totalidad de casos ya han sido cerrados a su favor. De todos los procesos iniciados en su contra, el de los paraderos es el que más ha avanzado. Y esto se debe a la participación activa de una organización de la sociedad civil (OSC), la Fundación para la Defensa de los Bienes Públicos de Cartagena – FUNDEBIEN-, quien se vio obligada a contratar abogados particulares durante todos estos años que ha durado el tortuoso proceso judicial de los paraderos, primero en la Fiscalía y luego en los Juzgados, para que velaran por la transparencia del mismo. De no haber sido por FUNDEBIEN, hace mucho hubieran las autoridades judiciales encontrado al señor García libre de cualquier actuación delictiva.

4.- Además del Juez, obligatoriamente deben intervenir en el proceso penal los representantes de otras dos (2) entidades públicas, cuales son la Fiscalía y el Ministerio Público. Aunque con alguna frecuencia se presentan casos en que el Fiscal o el Agente del Ministerio Público no concuerdan con la sentencia que finalmente dicta el Juez, sí es poco probable que ambos estén en desacuerdo. En este caso, tanto el Ministerio Público como la Fiscalía emitieron conceptos solicitando al Juez dictar sentencia condenatoria contra el Sr. Gabriel Antonio García, sin recibir acogida alguna por parte del Juez Pericles Rodríguez.

5.- El proceso penal de los paraderos fue trasladado del Juzgado 3º Penal del Circuito de Cartagena, al Juzgado 5º Penal del Circuito de Cartagena, a cargo del Juez Pericles Rodríguez, de manera altamente sospechosa.

Después de haber la Fiscalía emitido Resolución de Acusación en contra del Exalcalde Gabriel Antonio García por el caso de los paraderos, pasó a ser conocido el proceso ante el Juzgado 3º Penal del Circuito de Cartagena, a cargo para ese entonces del doctor Alfredo Bettín. En desarrollo del proceso judicial, el Juez Bettín dictó orden de detención en contra del acusado. El señor Gabriel García estuvo prófugo durante aproximadamente un año, hasta cuando finalmente fue capturado en la ciudad de Bogotá el día 30 de abril de 1999. Sobre este preciso evento hablaremos más adelante en el numeral 7 de este mismo punto.

El Tribunal Superior seleccionó al Juez Alfredo Bettín como “Juez del Año en Cartagena”, razón por la cual fue premiado con un año sabático para realizar un postgrado, reemplazándolo temporalmente con la doctora Myriam Dáger de Palacios, quien se desempeñaba como Juez Promiscuo Municipal en el pueblo de Villanueva – Bolívar.

Después de unos meses, la señora Juez Dáger de Palacios se declaró impedida para continuar conociendo el caso por razón de ser ella familiar del señor David Dáger, quien a su vez es socio del Exalcalde Gabriel García en una sociedad de hecho (no registrada en la Cámara de Comercio, ni en notaría) cuyo capital social es de apenas dos millones de pesos ($2.000.000), lo que equivale a aproximadamente mil dólares (US$ 1,000), con duración total de apenas treinta y seis (36) meses (3 años), y cuyo objeto es “realizar actividades relacionadas con la asesoría y consultoría a empresas de comercio dedicadas a la compraventa al por mayor y detal de textiles nacionales e importados ...”. Es además sospechoso que el documento privado mediante el cual se constituye la sociedad de hecho entre el señor Gabriel Antonio García y el señor David Dáger (quien era Presidente del Concejo de Cartagena para ese entonces) fuere suscrito el día 21 de marzo del año 2000, coincidiendo con el traslado de la Juez Myriam Dáger al Juzgado Tercero Penal del Circuito. Todas estas circunstancias necesariamente generan suspicacia en una persona del común, quien estaría justificado en sospechar que hubo una confabulación de múltiples actores para beneficiar los intereses del procesado.

¿Cuál es el procedimiento a seguir cuando un juez se declara impedido para conocer un caso? Se traslada al juzgado que le sigue en turno, en este caso al Juzgado 4º Penal del Circuito.

Después de declararse impedida mediante Oficio de fecha enero 19 de 2001, ordenando remitir el proceso al Juzgado 4º Penal del Circuito, la Juez Myriam Dáger es inmediatamente trasladada por el Tribunal Superior al cargo de Juez 4º Penal del Circuito, donde, apenas 10 días después de haberse declarado impedida en el Juzgado 3º Penal del Circuito, emite providencia de fecha enero 29 de 2001, declarándose nuevamente impedida y remitiendo el proceso donde finalmente se dictó sentencia absolutoria, al Juzgado 5º Penal del Circuito, a cargo del Juez Pericles Rodríguez.

Posteriormente fue trasladada la señora Juez Myriam Dáger de Palacios nuevamente al municipio de Villanueva.

¿Cómo no va a generar sospechas que el proceso haya llegado hasta el Juez 5º Penal del Circuito, Pericles Rodríguez, porque la Juez Myriam Dáger se haya declarado impedida como Juez 4ª Penal del Circuito apenas 10 días después de haberse declarado impedida como Juez 3º Penal del Circuito?

6.- También merece cuidadoso escrutinio la actuación procesal que permitió al Juez 5º Penal, Pericles Rodríguez, asumir el conocimiento del caso de los paraderos, a la luz de la relación existente entre el Juez Rodríguez y la abogada Dayra Galvis, quien hasta ese momento había sido la apoderada judicial de Gabriel Antonio García.

Desde tiempo atrás existía un impedimento legal entre el Juez Pericles Rodríguez y la abogada Dayra Galvis, quien lo había denunciado en relación con su actuación en un proceso anterior en el cual la abogada Galvis representaba a una de las partes. Por tal motivo, de ahí en adelante, al momento de repartirse los procesos penales que llegaban a los juzgados (semanalmente), el Juez Pericles Rodríguez se abstenía de asumir conocimiento de cualquiera en que fuera parte la abogada Dayra Galvis.

Es lógico suponer que al declararse impedida la Juez Myriam Dáger por segunda vez, el proceso pasaría al Juez 5º, Pericles Rodríguez, quien a su vez también se declararía impedido, remitiéndolo entonces al Juzgado 1º Penal del Circuito (solo hay cinco juzgados penales de circuito en esta ciudad). Al acusado, señor Gabriel Antonio García, no le convendría que lo juzgara quien había sido denunciado por su abogada. Pero no, en ese momento sucedió algo muy curioso. El mismo día que el proceso fue trasladado al juzgado del Dr. Pericles Rodríguez, sin que Dayra Galvis haya renunciado al poder judicial que ejercía, el acusado Gabriel García otorgó un nuevo poder a otro abogado, Dr. Dámaso Rodríguez (el mismo abogado y exfuncionario de la fiscalía que el Exfiscal Humberto Díaz había conseguido para defender al señor Carlos Caicedo).

7.- Cuando, después de estar prófugo por un período de casi un (1) año, fue capturado el señor Gabriel García en la ciudad de Bogotá el día 30 de abril de 1999, tenía en su poder lo que aparentemente era borrador de un Concepto Técnico que el Juez 3º Penal del Circuito había ordenado al CTI Cartagena realizar por intermedio de peritos contadores en relación con el proceso de los paraderos. El Informe Técnico Contable eventualmente rendido por los dos peritos coincidió perfectamente con el documento encontrado a García, siendo sumamente favorable a sus intereses, al punto que fue posteriormente utilizado por el Juez Pericles Rodríguez como pilar para absolver al acusado. A solicitud de la representante del Ministerio Público en este proceso, Doctora Alix Orozco, mediante providencia de fecha mayo 7 de 1999 el Juez Bettín remitió los documentos al Director Seccional de Fiscalías a fin de que se iniciara la respectiva investigación por la comisión de nuevos delitos.

Por lo contundente, transcribo los últimos renglones del documento encontrado al Sr. Gabriel García al momento de ser capturado.

Además de iniciar proceso penal en contra de los dos peritos contables del CTI , la Fiscalía procedió a destituir a uno, y a abrirle proceso disciplinario al otro.

¿Aún se insiste en que el problema de corrupción no es institucional?

Entre los objetos que tenía el Señor Gabriel Antonio García al momento de ser capturado, había una agenda donde constaba que numerosas y prestantes personas de la ciudad de Cartagena se habían reunido con él en la clandestinidad, sin dar aviso de su paradero a las autoridades – como era su deber legal.

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Es un hecho aislado cuando se traslada a un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública (unidad que conoce delitos de corrupción) en la Fiscalía Seccional de Cartagena.

Pero es institucional cuando se cambian absolutamente todos los fiscales de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública. Por coincidencia, el mismo día (febrero 5, 2002) en que FUNCICAR declaró desierto el premio “Pórtate Bien con Cartagena” en la categoría de “Mejor Funcionario de la Rama Judicial”, se conoció públicamente de este masivo traslado de fiscales, así:




Fiscal Anterior

Fiscal Nuevo

FISCALIA 3 UAP:
FISCALIA 13 UAP:
FISCALIA 14 UAP:
FISCALIA 16 UAP:
FISCALIA 17 UAP:
FISCALIA 18 UAP:
FISCALIA 19 UAP:
FISCALIA 40 UAP:
FISCALIA 41 UAP:

Yesmín Marún
Francisco Pascuales
Socorro Mora
Gladys García
Gilberto Soto
Eduardo Buelvas
Antonio Laitano
Fredy Machado
Mario Cristancho

Laureano Gómez
Hernando Sanjuanelo
Carmen González
Yenina Martínez
Janeth Arrieta
Adalberto Palacios
Eligio Tuñón
Jesús García
José Félix Vega

En este punto es necesario reconocerle mérito a la Dirección Nacional de Fiscalías por haber realizados estos traslados. Los dos (2) fiscales señalados con “ * ” entraron unas pocas semanas antes.

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Sería un hecho aislado que la Dirección Nacional de Fiscalías tuviera motivo para cuestionar la falta de celeridad u objetividad de algún Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior al investigar a otro funcionario judicial de Cartagena.

Pero es institucional el hecho que se creó la Fiscalía 5ª Delegada ante el tribunal Superior, trasladándose a dos funcionarios del interior del país a ocupar esta (la 5ª) y la Fiscalía 3ª Delegada, asignándoles a estos dos fiscales el manejo de todos los procesos que cursan contra funcionarios judiciales de la seccional.

La mayoría de funcionarios judiciales, ya sea que trabajen en los Tribunales, Juzgados, Fiscalía o Ministerio Público, se conocen desde hace mucho tiempo por razón de sus labores, y en la mayoría de casos hasta estudiaron en la misma universidad. Hasta hace pocos años la Universidad de Cartagena tenía la única Facultad de Derecho en esta ciudad. Ante esta situación es fácil entender que exista un alto grado de camaradería en el cual la mayoría de funcionarios judiciales se cubren las espaldas unos a otros, no queriendo quedar como “traidores” ante sus propios compañeros. Por esta razón aplaudimos la sana medida tomada por la Dirección Nacional de Fiscalías al traer a dos funcionarios de fuera de la región para investigar a otros funcionarios judiciales.

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Podrían intentar descalificar a la Corporación Cartagena Honesta como una organización de la sociedad civil (OSC) temeraria y alejada del real sentir que frente a la rama judicial tiene la ciudadanía en general

Pero estarían faltando a la realidad porque en los diferentes estrados judiciales en que reposan las denuncias interpuestas por CCH pueden constatar tanto la seriedad, como la abundante prueba documental que las acompaña.

En cuanto a lo que piensa la ciudadanía respecto de la Rama Judicial, cualquier cartagenero puede dar fe que en esta ciudad la situación de corrupción e impunidad ha llegado a tal punto que con mucha frecuencia la única alternativa que le queda a los ciudadanos es dar a conocer su caso mediante volantes o carteles que reparten en diferentes sitios de la ciudad. A título de ejemplo, transcribo el último volante que recibimos esta semana, suscrito por representantes de tres (3) OCSs, así:

“COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA,

FISCALIA Y PROCURADURIA

Preocupados por las situaciones de desesperanza que vive el pueblo cartagenero ante la indiferencia y mediocridad que muestra la actual administración encabezada por el Alcalde CARLOS DIAZ REDONDO quien se ha caracterizado por su apatía e incapacidad para darle solución a los problemas más sentidos del pueblo, estamos solicitando públicamente su renuncia al cargo de Alcalde de Cartagena, pero si no tiene la suficiente personalidad y carácter patriótico para tomar esta decisión, pedimos a la Fiscalía de la Nación y a la Procuraduría General de la República que soliciten la suspensión del cargo al Sr. CARLOS DIAZ REDONDO, ante la autoridad competente.

La petición anterior con base en la pluralidad de procesos penales y disciplinarios que cursan contra el actual Alcalde de Cartagena y que ameritan tomar las medidas que estamos solicitando. No es posible que las autoridades judiciales y de control continúen con su pasividad e inoperancia frente a las reiteradas actuaciones anómalas y arbitrarias del Alcalde de Cartagena, que no solo viola las leyes sino que atenta gravemente contra la integridad y paciencia de un pueblo que como el cartagenero se ha caracterizado por ser pacífico.

Este pacifismo y alegría natural del cartagenero se han ido convirtiendo lentamente en rabia y agresividad, que a diario se proyecta sobre nuestra sociedad y amenaza con explotar.

La ineptitud de los organismos competentes como Fiscalía y Procuraduría es cómplice de la violencia que se vive en nuestro País, ya que el pueblo se decide tarde o temprano a buscar la justicia por medio de sus propios actos, queremos un verdadero plan para iniciar la solución de los problemas que a diario pauperiza y degrada la vida de la gran mayoría de los crtageneros como son: Corrupción, falta de Salud, Educación, Desempleo, Relleno Sanitario, Corredor de Carga, Emisario Submarino, atropellos de las Empresas de Servicios Públicos, inseguridad, invasiones, falta de autoridad.

HECTOR PEREZ FERNANDEZ

Pte. Veeduría Popular

WILSON VILLADIEGO MARRUGO

Pte. Del Comité Cívico Independiente por C/gena.

JORGE PIEDRAHITA ADUEN

Vicepresidente del Movimiento Ciudadano contra la Corrupción

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Es comprensible que cuando la Contraloría General de la República, como resultado de sus investigaciones, encuentra actuaciones que indican la comisión de un delito, remita la información a la Fiscalía para que inicie la correspondiente investigación penal.

Pero es un problema institucional que el mismo Contralor General de la República de Colombia, Doctor Carlos Ossa Escobar, le haya solicitado por escrito al señor Fiscal General de la Nación, Doctor Luis Camilo Osorio, que iniciara una investigación respecto de un polémico proyecto para construir un emisario submarino en la ciudad de Cartagena, y el Fiscal General aparentemente se haya quedado callado sin iniciar la correspondiente investigación.

Varias OCSs de Cartagena, incluida CCH, solicitamos al señor Contralor General de la República ejercer “Control de Advertencia” sobre un muy polémico y muy costoso proyecto sanitario para la construcción de un emisario submarino en la ciudad de Cartagena (proyecto financiado parcialmente con un préstamo del Banco Mundial por US$85 millones de dólares). Como resultado del análisis e investigación de nuestras afirmaciones y pruebas, la Contraloría ordenó al Ministerio del Medio Ambiente ejercer el control de advertencia. También solicitó al Procurador General iniciar investigaciones disciplinarias contra varios funcionarios públicos. Finalmente, mediante carta de fecha 19 de diciembre de 2001, el Contralor General de la República de Colombia, le solicita al Fiscal General de la Nación, Doctor Luis Camilo Osorio, iniciar la correspondiente investigación penal, incluyendo:

De acuerdo con sus funciones la CGR emitió control de advertencia sobre las debilidades encontradas, especialmente las atinentes a los aspectos ambientales (cuatro primeros aspectos tratados anteriormente) y solicitó la participación directa del Ministerio del Medio Ambiente en virtud de la importancia del proyecto. De otra parte sobre los cuestionamientos de orden económico de las diferentes alternativas de manejo de los vertimientos del Distrito (lagunas de oxidación, planta de tratamiento primario y secundario, emisario submarino, etc.) y sobre el posible conflicto de intereses suscitado, la CGR solicitó la intervención en lo de su competencia al señor Procurador General de la Nación, ante un presunto desconocimiento de las normas ambientales por parte de Cardique al expedir la Licencia Ambiental al proyecto, así como a las autoridades que intervinieron en la selección de la alternativa, a través de oficio 87111-0717 de 21 de septiembre de 2001.

Con estos fundamentos y dada la relevancia del proyecto por las distintas críticas suscitadas en torno del mismo, consideramos de importancia enviar para su conocimiento copia de la respuesta al peticionario y del oficio de traslado a la Procuraduría General de la Nación, para su revisión e intervención en lo que considere de su competencia.”

Habiendo el Doctor Ossa Escobar remitido a CCH copia de su carta dirigida al Doctor Luis Camilo Osorio, el día 11 del pasado mes de marzo dirigimos un Derecho de Petición de Información al mismo señor Fiscal General, solicitando nos informase en cual Despacho de la Fiscalía había quedado radicado el proceso iniciado a raíz de la denuncia que recibió del Contralor General, por cuanto se deseaba hacerle seguimiento puntual al proceso.

Nuestro documento fue escuetamente respondido por la Secretaria Privada del Fiscal General, mediante Oficio No. 001890 de marzo 19, así:

“Me refiero a su Oficio CH-056.02, enviado al señor Fiscal General de la Nación, radicado con el número 028567 del 11 de marzo del año 2001, mediante el cual invoca el Derecho de Petición, para solicitar información sobre el proyecto de Emisario Submarino para esta ciudad, como última fase del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado (PMAA) para la disposición final de las aguas residuales del Distrito.

Al respecto me permito comunicarle que el documento se remitió al Director Seccional de Fiscalías de Cartagena, para el trámite correspondiente, dependencia que en su momento informará acerca de la respuesta dada a su petición.”

Supusimos que el Fiscal General había ordenado que por factor o conveniencia territorial fuere la Fiscalía Seccional de Cartagena la que iniciara el proceso penal por los hechos específicamente denunciados por el Contralor General de la República. Es así como nuestra comunicación fue dirigida al único Fiscal en Cartagena asignado a la investigación de delitos ambientales, Doctor Luis Marín, con el propósito de averiguar si acumuló la denuncia del Contralor General con otro proceso que recién nos habíamos enteramos ya existía sobre el Emisario Submarino y que fue abierto a raíz de una solicitud de investigar si hubo violación a las leyes ambientales, pero sin entrar en detalle alguno, o si por el contrario sería un proceso independiente basado en la solicitud del Contralor. Según información suministrada por la Oficina de Asignaciones de la Fiscalía, fueron estos los datos que dieron origen a la investigación que lleva el Fiscal Luis Marín sobre el Emisario Submarino de Cartagena:

Fue amplia y amarga la sorpresa que nos causó enterarnos que el Director Seccional de Fiscalías le pasó al Fiscal Marín para que respondiera el Derecho de Petición que CCH había enviado al Fiscal General, pero que solo hasta ese momento fue que se enteró el Fiscal Marín de la denuncia formulada por el Doctor Carlos Ossa, en su condición de máxima autoridad de control sobre los dineros públicos del Estado. Mucho menos conocía el Fiscal el amplio, detallado y especializado informe (ni sus anexos) elaborado por la Contraloría como resultado de su investigación, de lo cual se extraía como conclusión evidente que la información trasladada por la Contraloría General de la República no había sido tramitada debidamente.

Finalmente recibimos del Fiscal Luis Marín Padilla, mediante Oficio de fecha 4 del presente mes de abril, respuesta al Derecho de Petición que habíamos enviado al Fiscal General, confirmando no conocer la existencia de otra investigación penal (v.g. la denunciada hecha por el Contralor) diferente a la que ya tenía en su conocimiento. Igualmente informó que, en adición a algunos documentos que solicitó a ACUACAR, la única documentación probatoria que obra en su fiscalía respecto del Emisario Submarino de Cartagena, es la que la Corporación Cartagena Honesta (por iniciativa propia) le presentó mediante memorial de fecha marzo 22 del presente año, y que había ordenado la recepción de tres testimonios especializados que CCH solicitó. Es decir, la Fiscalía entera ignoró la denuncia de la Contraloría General de la República.

De no haber sido porque la Corporación Cartagena Honesta decidió hacerle seguimiento a la denuncia penal formulada por la Contraloría General de la República (una de las muy pocas instituciones en Colombia que actualmente tiene algo de prestigio), el Fiscal General hubiera terminado ignorando no solo al Contralor General, sino, más importante aún, ignorando el legítimo derecho que tiene el pueblo cartagenero a no ser víctima de nefastas consecuencias ambientales y financieras resultantes de un megaproyecto motivado por la corrupción en lugar del sentido de proporcionar bienestar a la población.

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Es absolutamente irreprochable que la esposa del Fiscal General de la Nación, una exitosa profesional, sea Presidente de una importante entidad financiera.

Pero sí es motivo de reproche por los cartageneros que la Doctora Estela Villegas de Osorio, sea Presidente de FIDUCOLOMBIA S.A., entidad fiduciaria que se halla en medio de uno de los mayores escándalos de corrupción que haya conocido el país (claro está, los señores fiscales y jueces son los únicos que no se enteraron de los delitos) – el presunto “hurto” (entre otras irregularidades) de los terrenos de CHAMBACU en la ciudad de Cartagena. Según consta en lo informado por varios de los principales medios de comunicación en Colombia, en este escándalo se han visto involucradas varias personas muy cercanas al señor Presidente de la República, Doctor Andrés Pastrana, incluyendo un Exministro de Desarrollo Económico y el Embajador de Colombia ante los Estados Unidos. Recordemos que fue el mismo señor Presidente quien sometió el nombre del Dr. Luis Camilo Osorio (otra persona cercana al mismo y de vieja data) ante la Honorable Corte Suprema de Justicia para ser elegido como Fiscal General de la Nación, nombramiento que produjo serios cuestionamientos por parte de la Sala de Casación Penal de la Alta Corte, lo cual llevó a que el proceso de elección tomara varias semanas a fin que el candidato finalmente elegido obtuviera el número mínimo de votos de los Magistrados que exige la ley.

¿Siendo la señora esposa del señor Fiscal General quien preside FIDUCOLOMBIA, será que existe posibilidad alguna de lograr que se haga justicia al denunciar posibles actuaciones ilícitas cometidas por funcionarios de FIDUCOLOMBIA en la compra de terrenos de Chambacú? De hecho, CCH tiene prueba documental expedida por la misma FIDUCOLOMBIA donde consta que están comprando terrenos de Chambacú a $750.000 metro cuadrado, mientras que las personas vendedoras, en su gran mayoría familias de muy escasos recursos y poca educación, solo reciben una tercera parte de ese valor, es decir, $250.000 metro cuadrado. ¿Quién se está quedando con la diferencia?

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Sería un caso aislado que el Fiscal General de la Nación, Doctor Luis Camilo Osorio, nombrara a un alto cargo en una Dirección Seccional de Fiscalías, a una persona no idónea para el cargo.

Pero es un vilipendio institucional a la sociedad civil nombrar en varias fiscalías seccionales a personas que, además de no ser los candidatos idóneos, tienen fuertes vínculos políticos locales, ya sea a nivel departamental o municipal. Digo esto por el manifiesto conflicto de intereses que se presenta al tener que investigar la Fiscalía Seccional los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos locales. Con lo desprestigiadas que se encuentran las instituciones públicas en Colombia, se pretende ahora dejar que los políticos se juzguen unos a otros y que la sociedad civil lo acepte pasivamente.

Se nombró como Director Seccional del CTI en Cartagena al señor Libardo Sierra, quien venía de desempeñar los cargos de Secretario de Hacienda y Tesorero, respectivamente, durante la administración del actual Gobernador de Bolívar, Luis Daniel Vargas, y de su antecesor Miguel Raad Hernández. Inmediatamente anterior a estos cargos, fue Director Regional del Ministerio de Transporte. El señor Sierra fue nombrado como “cuota política” del señor José María Imbett, Congresista de filiación conservadora, igual que la del Fiscal General y el Presidente de la República.

Este nombramiento se supo en los corrillos políticos de Cartagena con anterioridad a ser anunciado públicamente. Tanto así que alcanzamos a enviar un escrito al Fiscal General de la Nación solicitando la siguiente información:

1.- ¿Es o no cierto lo que comentan desde la semana pasada algunos periodistas en Cartagena, quienes afirman que el Director Seccional del C.T.I. en Cartagena será reemplazado por un recomendado político del Congresista JOSE MARIA IMBETT?

2.- ¿Es o no cierto lo que comentan desde la semana pasada algunos periodistas en Cartagena, quienes afirman que el Congresista Imbett le recomendó a usted para el cargo de Director Seccional del C.T.I. al señor LIBARDO SIERRA?

3.- En caso de contestar afirmativamente alguno de los puntos anteriores, le rogamos informarnos desde cuando surgió la práctica de repartir cargos técnicos en la Fiscalía como cuotas a miembros de la clase política, y si es una práctica generalizada en todo el país o solo para Cartagena?

4.- En caso de ser cierto que el señor LIBARDO SIERRA será el próximo Director Seccional del C.T.I. en Cartagena, comedidamente le solicitamos informarnos cual es la experiencia del señor SIERRA como abogado penalista y, aún más importante, como experto en investigaciones criminales, que lo califique como un candidato idóneo para el cargo.

5.- ¿En caso de ser cierto que el doctor LIBARDO SIERRA será el próximo Director Seccional del C.T.I. en Cartagena, sabía usted que el fue Secretario de Hacienda en la administración del actual Gobernador de Bolívar, doctor LUIS DANIEL VARGAS?

6.- En caso de responder afirmativamente a la pregunta anterior, por favor explique si tuvo o no en consideración el conflicto de intereses que habría si el doctor SIERRA, en calidad de Director Seccional del C.T.I., tuviera que investigar a funcionarios de la actual administración departamental, así como frente a las tantas investigaciones que actualmente cursan y cursarán contra miembros de la misma clase política a la que pertenece.

Nuestro memorial fue respondido por el Director Nacional de Fiscalías en los siguientes términos:

El numeral 2º del artículo 251 de la constitución Política, señala como función del señor Fiscal General de la Nación, ‘nombrar y remover, de conformidad con la ley, a los empleados bajo su dependencia’.

Significa lo anterior, que corresponde al fuero interno del señor Fiscal General de la Nación, el nombramiento del personal que lo acompañará durante su administración, sin que los actos administrativos requieran de motivación, aunque sí estar conforme a la Ley.

En cuanto al Derecho de Petición que motiva nuestra atención, es de anotar que no se trata de una petición respetuosa, sino de un interrogatorio, sobre aspectos que conciernen exclusivamente al nominador, lo cual se sale del contexto establecido por el artículo 23 de la Carta Magna.

Es decir, la Corporación Cartagena Honesta es una institución irrespetuosa por haber tenido el arrojo de reclamar para que la Fiscalía no sucumba ante los designios de la política, y, sin negar que se trataba de cuota política, me informan que el Fiscal General tiene una facultad discrecional de nombramiento que no está sujeta a directrices o límites, ya sea que el funcionario nombrado sea idóneo o no, con vínculos políticos o no, con procesos penales en su contra o no, sin que nadie pueda elevar reparos a tal nombramiento.

Varias fuentes al interior de la Fiscalía nos informaron que al poco tiempo de haberse posesionado el señor Libardo Sierra como Director Seccional del CTI en Cartagena, envió una comisión de investigadores del CTI a varios pueblos de Bolívar donde éste realiza actividades políticas, a investigar posibles irregularidades contractuales cometidas por sus adversarios políticos.

El tiempo nos viene demostrando que es justificada nuestra preocupación que el Fiscal General de la Nación otorgue cuotas burocráticas a políticos como el Sr. José María Imbett. El periódico de Cartagena, El Universal, publicó una nota el día miércoles 3 del presente mes de abril, así:

“Salió perdiendo votos

Ante la investigación que abrió la Fiscalía sobre los escrutinios en Bolívar, en la que se tomó como uno de los tantos casos, el suceso ocurrido con la votación obtenida por el electo representante a la Cámara, José María Imbett en el municipio de Arenal del Sur, el propio Imbett dijo que no fue él afectado con esa situación puesto que inicialmente apareció con 200 votos y posteriormente con cero, cosa que uno de sus testigos electorales recriminó ante los escrutadores.

Dijo que se siente tranquilo, pues no tiene nada que ver con los hechos que han sucedido en torno a los escrutinios, razón por la cual considera que es errada la información de que está siendo investigado por la Fiscalía.

Pero el caso de Libardo Sierra no es el único caso en Cartagena de nombramiento de funcionarios de la administración pública, con vínculos políticos, en un alto cargo de la Fiscalía Seccional. Al poco tiempo de haber asumido el cargo de Fiscal General de la Nación el doctor Luis Camilo Osorio, se rumoraba insistentemente que la abogada MARIA ROCIO CORTEZ sería nombrada como nueva Directora Seccional de Fiscalías en Cartagena, en vista de su íntima amistad con el señor Fiscal General (trabajaron juntos cuando el Dr. Luis Camilo Osorio fue Registrador Nacional del Estado Civil). La consternación que causó esta noticia entre los diferentes veedores de la ciudad nos llevó a manifestar nuestras objeciones ante el Director Nacional de Fiscalías antes de hacerse efectivo el nombramiento, mediante oficio de agosto 22 de 2001, así:

“A) María Rocío Cortez es actualmente la Gerente del Departamento Administrativo de Valorización Distrital, cargo para el cual fue designada por el actual alcalde de Cartagena, Carlos Díaz Redondo. De ser nombrada Directora de Fiscalías en Cartagena, fácilmente se podría interpretar por la ciudadanía como una hábil maniobra para dejar impune las irregularidades que cometa la actual administración distrital y los amigos políticos de esta.

B) Antes de ser nombrada al cargo de Gerente de Valorización Distrital, la Doctora CORTEZ fue durante varios años la Directora Jurídica de esa misma entidad. En tal calidad participó en algunos procesos de contratación que fueron motivo de escándalo público en esta ciudad. Respecto de dos (2) de estos contratos, el del nuevo alcantarillado de Bocagrande y el de la construcción del Anillo Vial, cuyo valor supera los treinta mil millones de pesos ($30’000.000.000), la CORPORACION CARTAGENA HONESTA presentó denuncia penal contra el entonces Alcalde de Cartagena, NICOLAS CURI VERGARA, Gerente de Valorización Distrital, FRANCISCO MARTINEZ (Jefe de María Rocío Cortez), y los contratistas. Claro está, como es ya costumbre en esta ciudad, los únicos que no se enteran que se cometieron delitos son los mismos políticos y los funcionarios de la fiscalía. En su calidad de Directora Jurídica de Valorización Distrital la Doctora Cortez ha inclusive declarado a favor de los denunciados en ambos procesos penales. Así como existen motivos para suponer que desde el cargo de Directora Seccional de Fiscalías la Doctora Cortez favorecería a los procesados en cualquier denuncia referente a la administración del alcalde Carlos Díaz y sus aliados políticos, también se puede predicar de las alcaldías de Nicolás Curi y Gina Benedetti, contra quienes cursan múltiples procesos penales.

C) Me informó el Doctor CARLOS ARDILA, Director Ejecutivo de la Red de Veeduría Ciudadana Cartagena de Indias, que recuerda haber estado la Doctora MARIA ROCIO CORTEZ involucrada en un escándalo por irregularidades, en su condición de Delegada de la Registraduría Departamental, cometidas durante las elecciones locales celebradas en octubre de 1997, que inclusive llevó hasta la destitución del entonces registrador CARLOS HAYDAR. Por haber sucedido hace más de tres años y no poder recordar el incidente con precisión, recomiendo conseguir detalles en los archivos de esa época del periódico EL UNIVERSAL de esta ciudad.

D) Aunque es probable que yo esté equivocado, existe la posibilidad que la Doctora MARIA ROCIO CORTEZ no sea abogada graduada, razón por la cual comedidamente ruego a su Despacho se cerciore del hecho. Fundo esta hipótesis en dos hechos. Primero, cuando conocí a la Doctora CORTEZ hace más de dos años en las oficinas de Valorización Distrital (estando yo investigando el contrato del nuevo alcantarillado de Bocagrande), le oí un hablado “cachaco” y por curiosidad pregunté donde estudió derecho, a lo cual me respondió que estudió en la Universidad del Rosario. En razón a que esta es también mi alma mater, le pregunté en que año egresó y quienes habían sido sus compañeros y profesores, extrañamente respondiendo con una evasiva e inmediatamente retirándose. El segundo hecho se encuentra en el periódico EL UNIVERSAL de fecha julio 27/01 (pág. 6A) cuando al anunciar el nombramiento de MARIA ROCIO CORTEZ como Gerente de Valorización Distrital, informa que es abogada egresada de la Universidad Católica (no de la Universidad del Rosario, como me había dicho a mí).”

Afortunadamente se pudo evitar que fuese nombrada como Directora Seccional de Fiscalías, aunque desafortunadamente a los pocos meses fue nombrada para el tercer cargo en importancia de la Fiscalía Seccional de Cartagena, el de Directora Administrativa y Financiera. En consideración a sus antecedentes en el Departamento de Valorización Distrital, preocupa que en su nuevo cargo la doctora María Rocío Cortez esté administrando un elevadísimo presupuesto superior a los quince mil millones de pesos ($15.000.000.000). Al poco tiempo de haberse posesionado, la doctora Cortez envió cartas de presentación a todos los alcaldes y demás autoridades del Departamento de Bolívar.

También en la ciudad de Cali nombró el señor Fiscal General de la Nación a un político para dirigir la Fiscalía Seccional. Se trata del Dr. Diego Rojas, quien fue Contralor Municipal de Cali durante los tres años inmediatamente anteriores (1998-2000).

El nuevo Director Seccional de Fiscalías en la ciudad de Sincelejo también fue Contralor Municipal durante los nueve meses inmediatamente anteriores a su ingreso a la Fiscalía.

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Es comprensible que el CTI, dada la elevada cantidad de investigaciones que tiene a cargo, se demore excesivamente en investigar un caso cualquiera.

Pero la desidia del CTI sí es un problema institucional en el siguiente caso:

El CTI manifestó intención de que las veedurías ciudadanas les informaren de casos concretos de corrupción para ellos proceder a investigarlos.

Para darle al CTI la oportunidad de reivindicarse con la comunidad, y ante la solicitud de que les lleváramos casos para investigar, la Red de Veeduría Ciudadana Cartagena de Indias les informó, por escrito, de manera detallada, precisa, concreta y explícita el “modus operandi” que estaba siendo utilizado, semana tras semana, para que ilícitamente apareciera un “ganador” de la Lotería de Bolívar, cuyo Premio Mayor es de $500 millones semanales, cuando el billete ganador no había sido realmente vendido. Bastaba con revisar los datos de llamadas de varias líneas telefónicas para comprobar la certeza de la denuncia que demostraría un cuantioso desfalco de dineros que por ley, debían destinarse a servicios de salud pública.

Ha transcurrido un año desde que se le entregó la información al CTI, pero todavía no ha habido resultado alguno. Suponemos que ya se habrá filtrado la información a los responsables del ilícito en la Lotería de Bolívar.

Mientras tanto...... la entonces Gerente de la Lotería de Bolívar, señora Muriel Benito-Revollo, quien llevaba muchos años viviendo en Cartagena (capital del Departamento de Bolívar), renunció y se lanzó a la política como candidata al Congreso Nacional, sorpresivamente resultando elegida, al poco tiempo de haber abandonado la Lotería de Bolívar, como Representante a la Cámara por otro departamento, el de Sucre (uno de los departamentos con mayor índice de pobreza en toda Colombia, producto directo del desgreño y la corrupción administrativa y judicial). De los varios Representantes a la Cámara elegidos por el Departamento de Sucre, la señora Muriel Benito-Revollo obtuvo la más alta votación.

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Conociendo como funcionan los organismos judiciales, al recibir este documento probablemente suceda lo siguiente:

  1. Todos emitirán una andanada de órdenes iniciando múltiples investigaciones (a las cuales nosotros obviamente haremos seguimiento);

  2. Me llegará tal cantidad de citaciones a declarar en los tantos procesos, que coparan casi todo el tiempo;

  3. Después de mucha bulla inicial, los procesos languidecerán por años sin resolver, o terminarán con la (hasta ahora) inevitable absolución de los investigados. De salir alguien sancionado, seguramente seré yo.

Los casos mencionados en este documento son apenas una mínima parte de las actuaciones cuestionables en que está sumida la Rama Judicial en Cartagena. Hay muchos otros casos que conocemos pero que responsablemente no mencionamos en este documento por faltarnos aún el acopio de más pruebas.

Es tan alto el desprestigio de las autoridades judiciales en Cartagena y lo indefensa que se siente la población civil ante sus abusos, que con cada vez mayor frecuencia llegan personas a esta veeduría ciudadana contra la corrupción para implorar nuestra ayuda en lograr justicia ante un Estado que perciben como inoperante y corrupto.

Anticorruptivamente,
WILLIAM J. DAU
Director Ejecutivo

C.C. No. 9.079.552 de Cartagena

c.c.: Presidente de la República
Fiscal General de la Nación
Consejo de Estado
Corte Suprema de Justicia
Consejo Superior de la Judicatura
Corte Constitucional
Contraloría General de la República
Procuraduría General de la Nación
Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción
Organizaciones de Imperio de Ley y Derechos Humanos en Colombia y el exterior

“... el cáncer de la corrupción está tan avanzado en las democracias emergentes de América Latina que difícilmente podrá ser extirpado – o por lo menos detenido – sin medidas drásticas de ayuda por parte de Estados Unidos y Europa.”

Andrés Oppenheimer


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Revista Probidad
Edición Veinte
septiembre 2002
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